Relevo generacional

La población española avanza hacia el envejecimiento de manera clara y ese mismo fenómeno se reproduce en estamentos de la sociedad. La Universidad no es ajena a esa tendencia, como demuestra la elevada concentración de docentes al borde de la jubilación. Si nada lo remedia, en apenas siete años (entre 2016 y 2023) habrán abandonado las aulas 16.200 profesores, el 16,7% de la plantilla de los campus públicos. Del mercado laboral saldrán en ese periodo la mitad de los catedráticos, generando un desafío de enormes proporciones para el sistema, que perderá un claustro experimentado sin haber garantizado el imprescindible relevo generacional.

Durante los peores años de la crisis, la educación padeció severos recortes presupuestarios. Amortizar plazas fue una manera fácil y efectiva de reducir el coste de la enseñanza. Además de un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales, los ajustes provocaron un colapso en las plantillas al imponer férreas tasas de reposición de manera que en los peores momentos solo se permitió relevar a uno de cada diez profesores jubilados. Pese a que esta medida se ha ido flexibilizando, el problema de fondo persiste. Y es especialmente agudo en carreras como la de Medicina. Decanos de varias facultades calculan que en la próxima década se jubilará casi la mitad del profesorado permanente (catedráticos, profesores titulados y contratados doctores) sin que se vislumbre a corto plazo un relevo, sobre todo en las áreas clínicas.

Recuperar la dimensión óptima de las plantillas exige que las Administraciones doten de financiación suficiente a los campus a fin de diseñar los mecanismos adecuados para cubrir las nuevas plazas. Los concursos de oposición son el mejor método para abordar este proceso, siempre y cuando sean transparentes y rigurosos. Por ello conviene no repetir errores del pasado, cuando los profesores no numerarios se convirtieron de golpe en funcionarios tras superar unas pruebas de idoneidad poco estrictas y con una excesiva dosis de discrecionalidad.

Reproducir ese esquema solo contribuiría a empeorar la frágil situación laboral por la que atraviesa el profesorado universitario. La nueva ley en la que trabaja el Gobierno debería proponer soluciones para equilibrar y estabilizar las plantillas con medidas enfocadas a incentivar la movilidad dentro de los campus españoles y recuperar el talento extranjero. En definitiva, planificar ordenadamente la transición entre las diferentes categorías de personal docente e investigador sin dejarse arrastrar por uno de los grandes males de la Universidad: la endogamia.