Las culpas de la crisis

El informe de la comisión parlamentaria que ha investigado la crisis financiera de 2008 responde, no de forma plenamente satisfactoria, a la pregunta de quiénes fueron los responsables de la quiebra del sistema financiero español que dio lugar al rescate bancario de 2012. Es el contrapunto político a los procesos judiciales abiertos contra muchos responsables de cajas de ahorros por sobresueldos, salidas temerarias a Bolsa o fraudes continuados. El informe, que no ha sido suscrito por Ciudadanos y por Podemos (por distintos motivos), subraya la responsabilidad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la imputación es que “no hicieron frente a sus obligaciones” y dejaron crecer la burbuja inmobiliaria hasta que su estallido se convirtió en un desastre que ha costado 42.000 millones de euros en dinero público, justo los que el propio Banco de España da por perdidos en el proceso de hacer frente a la quiebra de las cajas.

Es verdad que el Parlamento menciona las prácticas delictivas en bancos y cajas, pero el acento está puesto en la negligencia de los reguladores. El reproche que cabe hacer es que no presta suficiente atención a las prácticas políticas que fueron colaboradoras necesarias en la destrucción de esas entidades. Los Gobiernos, sobre todo los autonómicos, nombraron consejeros, directivos y presidentes de cajas incapacitados, por ignorancia o por subordinación política, para gestionar un mercado que exige conocimiento y autonomía en las decisiones.

El informe reclama una reforma profunda de los reguladores financieros, cuyo propósito sería reforzar en el Banco de España y en la CNMV la capacidad de imponer sus criterios regulatorios a bancos, cajas y al resto del sector financiero (banca en la sombra, fondos de alto riesgo...). Sería deseable que esta llamada de atención del Parlamento contribuyese a endurecer los protocolos de supervisión, corrigiese las fisuras que puedan aparecer, y que conciencie, en general, de los peligros de interferir en la gestión administrativa ordinaria con nombramientos arbitrarios políticos. Para que no se repita.