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La Constitución no tiene madre

Quienes quieran erigirse en defensores del pacto constitucional harán bien en impulsar una reforma que permita que la Carta Magna vuelva a reflejar el sentir colectivo de una sociedad

Felipe VI recibe en audiencia a una representación de la Fundación España Constitucional, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española.
Felipe VI recibe en audiencia a una representación de la Fundación España Constitucional, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. EFE

A sus 40 años la Constitución española, y con ella el conjunto de la sociedad, ha alcanzado ya una madurez suficiente como para reconocer qué asignaturas quedaron pendientes y qué otras han ido surgiendo en estas cuatro décadas. Muchos han sido los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido, y aunque no todos tienen por qué estar recogidos en una Constitución, aquellos que cambian —o que se pretende que cambien— las estructuras profundas de una sociedad no pueden escapar a la Carta Magna.

Una de las cosas de las que hoy somos conscientes es de que la Constitución tuvo padres, pero nació sin madres. Probablemente, cuando se concibió nadie se escandalizó, a pesar de que el movimiento feminista fue un importante actor de ese cambio que supuso el paso de una dictadura a una democracia. Quiero pensar que hoy esto sería inconcebible y solo por ello merece una actualización. Una relectura, con participación de mujeres, que elimine todas las instituciones patriarcales de la Carta Magna y alumbre un pacto constitucional con perspectiva de género de forma transversal.

En aquel momento tampoco la sociedad era consciente de que ya estaba en marcha lo que hoy consideramos el principal desafío que tiene la humanidad: el cambio climático y la protección ambiental. El artículo 45 de la Constitución se limita a reconocer “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, algo que resulta hoy insuficiente para los retos que el planeta tiene planteados. De ahí que sean ya muchos los expertos que plantean que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado debe contemplarse como uno de los derechos fundamentales, de tal forma que el título sobre derechos y deberes constitucionales aúne el progreso social, el económico y el ambiental, asumiendo así el principio de sostenibilidad, y reconociendo la necesidad de una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás.

Aquí dos ejemplos de calado de nuevas cuestiones claves que deberían formar parte de una revisión, reforma, o actualización de la Constitución, entendida ésta como un hito importante —quizá no el más importante, pero sí uno fundamental— de una renovación del pacto social y de convivencia que se vio cuestionado por la crisis económica, agravado por la gestión política que de ella se hizo y fuertemente distorsionado por la revolución tecnológica. Todo ello sin olvidar, por supuesto, tensiones que quedaron sin resolver en el momento constituyente y cuya mayor expresión, aunque no la única, es el modelo de organización territorial del Estado.

Quienes quieran erigirse en defensores del pacto constitucional harán bien en impulsar una reforma que permita que la Carta Magna vuelva a reflejar el sentir colectivo de una sociedad. De lo contrario, se la dejará languidecer entre el inmovilismo y la irrelevancia.

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