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Montesquieu ha muerto

No es de extrañar que la sociedad española cada vez contemple con más desmoralización el deterioro de nuestra vida pública, que es a la vez el de nuestra democracia

El portavoz del PP Ignacio Cosidó (i) y José Ortiz durante el Pleno del Senado del pasado 20 de noviembre.
El portavoz del PP Ignacio Cosidó (i) y José Ortiz durante el Pleno del Senado del pasado 20 de noviembre. EL PAÍS

Sabíamos que la división de poderes que consagra la Constitución Española y que todos los estudiantes de Derecho aprendimos como un dogma es más teórica que real, pero no sabíamos hasta qué punto. Lo hemos descubierto esta semana con el gesto de un juez, futurible presidente del Tribunal Supremo, que ha renunciado a su cargo antes de que lo eligieran. La filtración —interesada o no— de su nombre junto con la de un whatsapp enviado por un senador del PP a sus compañeros de partido jactándose de ese nombramiento (que, según él, les permitiría controlar “desde atrás” al alto tribunal) llevó al futurible a presentar su renuncia al cargo en un gesto que para algunos le honra y para otros simplemente era obligado. ¿Cómo podría aceptar presidir el más alto tribunal del país después del Constitucional un juez cuando todos los españoles sabemos ya cómo y por qué fue elegido presidente?

Así que, conocido ya que a los jueces los eligen sus compañeros de profesión, pero indirectamente los partidos, y que la elección se hace en función de intereses partidistas muchas veces, nadie se va a creer a partir de ahora la ilusión de la división de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que consagró Montesquieu como un pilar de la democracia, del mismo modo en que, a partir de una edad, ya nadie se cree esa historia de que los niños vienen de París y los Reyes Magos de Oriente o que los ganadores de determinados premios literarios los elige el jurado que los hace públicos. Si ya era muy difícil entender la inquietante cercanía de la justicia y el Poder Ejecutivo, que incluso tiene un ministerio específico para su gobernación, más lo es que la elección de los jueces y los tribunales la haga indirectamente el Poder Legislativo, a cuyos representantes pueden tener que juzgar esos mismos jueces a los que eligen. Si nadie se creería la independencia de la prensa si a los directores de los periódicos los nombraran los políticos, ¿por qué hemos de creer en la de una justicia que en su selección para los tribunales de más responsabilidad depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra lo que la democracia manda y el sentido común más elemental justificaría?

Mal que bien, hasta hace unos pocos años, la justicia española era respetada dentro y fuera del país a pesar de ello, pero acontecimientos últimos junto con algún varapalo de la justicia internacional a determinadas sentencias de nuestros jueces han colocado en la picota a una institución tan importante para la democracia como la elección de los representantes públicos. En el cambio de esa apreciación tienen alguna culpa los jueces, pues como seres humanos que son también se equivocan, pero fundamentalmente la responsabilidad principal es de los partidos políticos con la judicialización creciente de la política, sobre todo en el conflicto catalán, que comporta a la vez una politización paralela de la justicia cada vez más evidente, como la elección de los miembros y el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha venido a demostrar. Así las cosas, no es de extrañar que la sociedad española cada vez contemple con más desmoralización el deterioro de nuestra vida pública, que es a la vez el de nuestra democracia, esa que tanto costó alcanzar en un momento de nuestra historia, y que algunos estemos tentados de corregir la famosa pintada del Mayo Francés del 68: Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo últimamente no me encuentro muy bien, añadiéndole el nombre de Montesquieu.

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Fe de errores

En una versión anterior de esta columna se hablaba de la dimisión de un juez futurible presidente del Tribunal Superior de Justicia. En realidad es una renuncia, ya que no llegó a ser nombrado, a presidir el Tribunal Supremo.

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