De niño migrante a trabajador de la hoja de coca
Los menores de edad que desde Venezuela llegan a los países vecinos se enfrentan al riesgo de trata, explotación sexual, narcotráfico y reclutamiento forzoso, alertan distintas organizaciones
Acostarse con una prostituta en algunas zonas de Colombia puede costar entre 15.000 y 30.000 pesos, algo como cuatro-ocho euros. Incluso 5.000 pesos (1,3 euros), según algunos informes. Y el trabajo sexual, alertan distintas organizaciones internacionales, a veces representa la única opción para las mujeres que huyen de la crisis social y económica que golpea a Venezuela y que buscan abrigo en otros países de la región. También para las menores de edad. La explotación sexual no es la única amenaza para la infancia migrante. Secuestro, reclutamiento forzoso en las filas de grupos armados no estatales o en el narcotráfico son algunos de los riesgos a los que se enfrentan.
Unos tres millones de refugiados y migrantes se encuentran fuera de Venezuela, según el último recuenta de OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, y Acnur, la Agencia para los Refugiados, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro niega la emergencia migratoria. Alrededor de 2,4 millones están en América Latina y el Caribe.
Incluso cuando los niños logran sobrevivir a los peligros a lo largo del camino, las amenazas para su seguridad no desaparecen. A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos de los lugares de acogida, en muchas comunidades los servicios básicos están bajo una presión extrema debido al fuerte aumento de demanda. Alrededor de 430.000 niños en Colombia, Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Panamá, necesitan algún tipo de asistencia, estima Unicef, incluidos los menores venezolanos que emigran o están en tránsito hacia otros países.
Los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia ya superan el millón y más de la mitad de ellos son mujeres y niñas
Los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia ya superan el millón y más de la mitad (60%) son mujeres y niñas, explica en conversación telefónica María Paula Martínez, directora de Save the Children en el país. De mantenerse el ritmo actual del flujo —con alrededor de 3.000 personas que cada día cruzan los pasos fronterizos formales e informales—, el Gobierno colombiano estima que para finales de 2021 habrá cuatro millones de venezolanos en el país.
“En este momento llegan los más pobres, algunos incluso lo hacen caminando”, dice. La falta de papeles o de dinero para comprar un billete de autobús les lleva a andar entre 10 y 15 días, con un promedio de 16 horas diarias de ruta, a menudo sin disponer de suficientes reservas de agua y comida para el viaje. El 2% de los caminantes, según Cruz Roja, tiene entre 6 y 17 años.
“Una vez aquí, se establecen en asentamientos informales junto con la población residente pobre y las víctimas del conflicto. Todos comparten las mismas necesidades, como la falta de acceso a servicios básicos de agua potable, higiene y saneamiento”, agrega Martínez. Algunos niños llegan solos —las estadísticas oficiales colombianas no recolectan información sobre ellos—, otros están malnutridos y sin vacunar, lo que ha causado que volvieran a aparecer enfermedades que se habían erradicado como la tuberculosis. “Que decidan quedarse o no, los más pequeños se enfrentan al riesgo de reclutamiento forzoso por parte de grupos militares no estatales o de organizaciones criminales y de ser víctimas de trata. Algunos acaban encontrando trabajo en el cultivo de la hoja de coca”. Unicef estima que 357.000 niños en el país necesitan ayuda humanitaria.
El 60% de la infancia venezolana en Colombia no va a la escuela, lo que incrementa los riesgos para su seguridad. La situación de precariedad en la que viven sus familias y las dificultades para obtener la documentación apta para un empleo formal fomentan su ingreso temprano en el mercado del trabajo. Las chicas, sobre todo las que están separadas de sus parientes, encuentran a menudo en la prostitución la única salida, quedando expuestas a violencia, abusos, secuestros, enfermedades de transmisión sexual y abortos clandestinos.
Tras Colombia, Perú es el país que más refugiados y migrantes venezolanos alberga, medio millón, de los cuales 80.000 son niños y niñas. “Un promedio de 2.000-2.500 personas cruza la frontera cada día, con picos de hasta 12.000. Si seguimos así”, asegura Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Perú, “para finales de 2019 se estima que serán 1,3 millones, incluidos 200.000 menores de edad”.
Las niñas son las más expuestas al peligro, señala Isaza. “La principal amenaza es la trata. Hemos escuchado casos de taxistas que las ofrecen transporte gratuito hasta Lima o trabajo nocturno. Son señales de alerta muy claras”.
El principal reto, según la experta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, está en garantizar la inclusión de los migrantes en el sistema educativo peruano. “En la actualidad, alrededor de 30.000 niños y adolescentes ya van a clase, pero hay que implementar un sistema que permita convalidar el historial de estudios”.
El acceso a la escuela es una de las principales preocupaciones también en el resto de la región. En Colombia, el 51% de los menores venezolanos no asiste a clase, según datos de Acnur, mientras que en Ecuador este porcentaje es del 44%. “El acceso a las aulas está garantizado por ley en todos los países de la zona, incluso para los niños que se encuentran en situación administrativa irregular”, recuerda desde Bogotá Olga Sarrado, portavoz de la agencia de la ONU para refugiados. “Sin embargo, aún existen muchas barreras que lo impiden. Hay familias que no pueden permitirse el pago de libros, transporte o uniformes. Faltan los profesores y las infraestructuras escolares no están listas para acoger a un número cada vez mayor de alumnos”.
El 22 y 23 de noviembre, representantes de Estado de la región volverán a reunirse en Quito para abordar las políticas de acogida de los refugiados. “Esperamos que en esta cumbre se busque una solución regional a la crisis y que todos obtengan una documentación regular para asegurarnos de que no queden excluidos de los servicios”, añade Sarrado.
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