No doy crédito

A lo más que llega la sabiduría bancaria del español medio es a intuir que su dinero vuela siempre en una dirección contraria a la que sería ideal. Es una ley de gravedad extractiva. En cualquier relación entre un ciudadano y la banca, todos saben que la banca gana. Pero, aun así, seguimos jugando, porque creemos en el sistema con una fidelidad rayana en lo místico. Todo español que se ha sometido a un crédito hipotecario ha percibido que su ignorancia financiera le depositaba en las manos de verdaderos profesionales cuyo perfil moral puede oscilar entre el de un capo de la Mafia y una monja de la caridad. Un poco de la misma manera, uno se pone en las manos de los aviadores cuando sube a un avión o de los médicos cuando ingresa en un hospital. Venga, hagan conmigo lo que quieran. Así, el mundo bancario te dicta, te adula, te exige y te hace firmar sin que tú sepas muy bien qué narices andas haciendo. Con una fidelidad intachable dedicamos nuestros 25 o 30 años a cumplir con las cuotas, bajo amenazas fatales.

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Un Tribunal Supremo dividido debe zanjar quién paga el impuesto de las hipotecas

Por todo ello, cuando estalló el conflicto del Tribunal Supremo a raíz de las sentencias que dictaban que los bancos debían de hacerse cargo del pago de los actos judiciales derivados de las hipotecas surgió la euforia. Íbamos a ganarles una partida a los bancos. Mientras escribo estas líneas, los jueces están reunidos, pero si uno tiene la suficiente experiencia en el mercado libre ya sabe a estas alturas que tras el ridículo judicial y la corta alegría en la casa del pobre llega siempre el orden establecido. Y ese orden exige que toda rebaja de un precio sea pagada por el consumidor, tarde o temprano. No hay manera de evitarlo. En los mismos días en que festejábamos que serán los bancos quienes paguen los actos judiciales de una hipoteca, la compañía de bajo coste Ryanair decidía cobrarnos por llevar bolsa de mano. No existe mejor ejemplo que delate que a un precio bajo le corresponden zancadillas puntuales para cobrarse, llegado el momento, todo lo supuestamente perdonado.

Si finalmente se resuelve que los bancos paguen los actos judiciales, más temprano que tarde los bancos cobrarán un suplemento en cada concesión de crédito para garantizarse que el pago de esa partida recaiga sobre el cliente y no sobre sus beneficios. Si mañana el Gobierno decide que en los concesionarios de coches se puede vender el automóvil, pero que el coste de las ruedas debe correr de parte del fabricante sucedería algo parecido. Gran alegría colectiva, sí, pero al día siguiente los coches subirán de precio para costear las ruedas que regalan. ¿Pero es que alguien aún no se ha dado cuenta de que vivimos en una sociedad capitalista de consumo?

En esta polémica, el Tribunal Superior ha hecho el ridículo. Eso es evidente, porque ha transmitido una sensación de inseguridad, flaqueza y falta de autoridad frente al poderoso casi ingrato. Puede que los triunfadores sean aquellos que recuperen el dinero tras la sentencia y los que se beneficien de su retroactividad limitada en el tiempo. No es poco, pero si no estás entre los afortunados de esa lotería puntual, la verdadera clave del asunto sería saber por qué el costo de los actos judiciales al contratar una hipoteca es tan alto. ¿No podría reducirse? ¿Por qué se ha planteado una guerra entre ciudadanos y bancos por ver quién paga sin traer a primera línea lo que se paga, a quién se paga y cuánto se paga? Puede que hayamos asistido al más tonto festejo de euforias y decepciones de los últimos años.