Cara corrupción

La corrupción y el deterioro de las instituciones tienen un coste elevado para España. Un informe del BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) acaba de calcular el precio de la corrupción en España en unos 10.000 millones anuales, es decir, unos 16 puntos porcentuales de PIB en 15 años. La cantidad es considerable si se relaciona con la falta de recursos públicos para acometer programas de infraestructuras y de gasto social, necesarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El informe demuestra que, más allá de los reproches morales y del cruce de acusaciones políticas, la corrupción supone una merma de recursos públicos, que hay que financiar o conseguir por procedimientos más caros; reduce el incentivo para que acuda la inversión nacional y extranjera y frena la productividad, el empleo y los salarios. Es una factura innecesaria que pesa sobre la sociedad española y retrasa, concretamente en un punto de PIB al año, la recuperación potencial de la economía.

Las sospechas continuadas de sobornos o favoritismo en la concesión de contratos públicos desmoralizan además a las empresas y a los servidores públicos que no se someten a las prácticas de cohecho. No se trata solo de la pérdida de recursos públicos y privados, sino de la retirada de aquellas empresas y servicios que podrían hacerlo mejor y aumentar el valor añadido de bienes y servicios.

No es fácil combatir la corrupción con decisiones radicales. La mejora del funcionamiento de las Administraciones, el aumento de los controles sobre el dinero público y la vigilancia estricta de las incompatibilidades de los servidores públicos serían algunas de las soluciones para mejorar la percepción de la economía española dentro y fuera del país. Pero, hasta el momento, la denuncia de los numerosos casos de corrupción no ha tenido como contrapartida una acción legal y política para reforzar las instituciones independientes de vigilancia dentro de la propia Administración.

Es necesario legislar con mayor contundencia la acción de los lobbies, situar en los organismos reguladores a personas de probado prestigio e independencia manifiesta de los partidos políticos, establecer criterios estrictos de actuación de los interventores del Estado y de los ayuntamientos y mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La recompensa: 16 puntos más de PIB en 15 años, más seguridad jurídica, mejora en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia y un país más atractivo para invertir. Pero es un programa político de larga maduración, y, además, exige más inversión en la mejora de la información pública.