Ni coalición ni unión

La insatisfacción con el modo como funciona la democracia en España es muy amplia, extensamente mayoritaria. Según el más reciente Eurobarómetro, solo un 37% de los españoles encuestados declaran sentirse satisfechos con ese funcionamiento, lo cual implica veinte puntos porcentuales menos que en 1986, cuando España ingresó en la Comunidad Europea, y la coloca en el puesto 25 entre los 28 miembros de la Unión (solo por delante de Eslovaquia, Grecia y Rumania).

Una explicación de fondo de esa insatisfacción es que en España no funciona ninguna de las dos vías básicas que se han inventado para formar una mayoría política capaz de tomar decisiones colectivas en un país grande y complejo. Una es aceptar el multipartidismo y formar un Gobierno de coalición con un apoyo mayoritario en el Parlamento. La otra es aceptar la diversidad territorial y promover la cooperación en una cámara alta con poderes legislativos y de control del gobierno. O una coalición multipartidista o una unión multiterritorial.

Pero, como es bien sabido, España continúa siendo el único país de Europa en el que no ha habido nunca un gobierno de coalición o basado en una mayoría electoral. Todos los gobiernos a nivel estatal se han basado en una minoría de votos populares. El problema se ha ido agravando porque el Gobierno recién destituido y el actual se han apoyado en las minorías más pequeñas que se han formado durante más de cuarenta años: un tercio y menos de un cuarto de los votos, respectivamente.

Al mismo tiempo, el Senado y otros potenciales organismos de cooperación de las autonomías con el Gobierno central son inoperantes. De hecho, la cámara alta es incluso más propensa que la cámara baja a producir una mayoría absoluta de un solo partido, siempre basada en una minoría de los votos en todas las comunidades autónomas, como en la situación actual.

Las reformas constitucionales que ahora se consideran deberían dar prioridad a alguna de las dos vías mencionadas. Para facilitar la formación de gobiernos de coalición mayoritarios, las reformas se deberían dirigir al sistema electoral y a las mociones de investidura y de censura, de modo que se impidieran la mayoría absoluta de un solo partido con una minoría de los votos, un presidente del Gobierno en minoría apoyado por la abstención en la segunda vuelta y su supervivencia cuando la oposición no puede ponerse de acuerdo en un sustituto.

Alternativamente, para facilitar la cooperación interterritorial, las reformas deberían permitir que cada comunidad autónoma eligiera las competencias que quisiera gestionar, dentro solo del límite de una lista de poderes intransferibles del Gobierno central, y hacer que el Senado fuera elegido por los gobiernos autonómicos y pudiera co-legislar en asuntos que afecten a la distribución territorial de los recursos públicos.

Cabría esperar que la primera vía, un Gobierno central más inclusivo, redujera también indirectamente las tensiones y los conflictos territoriales, mientras que la segunda vía, una representación territorial más inclusiva, hiciera disminuir la exclusión producida por los gobiernos minoritarios. Por supuesto, si existieran las dos cosas, la coalición y la unión (como, por ejemplo, en Alemania), cabría esperar resultados aún más satisfactorios. Pero los términos del intercambio son los que se indican.

Si las reformas institucionales continúan paralizadas y no se sigue ninguna de las dos vías mencionadas, será muy difícil que el actual Gobierno logre resultados satisfactorios en dos de los tres pilares en los que, según informó este diario después de 45 días de gobierno, Pedro Sánchez quiere hacer descansar su programa: la cohesión social y la cohesión territorial.

Solo el tercer pilar podría mantenerse erguido: la construcción europea. Tras la Gran Recesión y las graves consecuencias de ingobernabilidad que han afectado a otros países del Sur y el Este de Europa, España se ha convertido, de hecho, en el país más europeísta de las periferias de la Unión. No hace falta ser vidente para darse cuenta de que ello se debe precisamente a que la mayoría de españoles siente una amplia insatisfacción con las carencias del régimen democrático y un rechazo instintivo a volver a los tiempos del lúgubre aislamiento internacional. Participar y ayudar a la construcción europea es lo ideal. Pero no mejorar al mismo tiempo las instituciones de la gobernanza interior haría que la política española —de la que los medios informan tan farragosamente— fuera cada vez más irrelevante.