Gibraltar y Brexit

La situación en que quede Gibraltar tras el Brexit exige una estrategia negociadora con objetivos claros por parte de la diplomacia española. El acuerdo con Londres debe consagrar una serie de mejoras concretas en la zona, entre otras, las condiciones laborales de la población que vive en el Campo de Gibraltar y que se traslada diariamente a trabajar al Peñón (unas 10.000 personas); el medio ambiente (vertidos contaminantes de la colonia que afectan a la bahía de Algeciras) y el contrabando de tabaco y la fiscalidad abusiva. Gibraltar es actualmente, de facto, un paraíso fiscal, como han reconocido organismos internacionales, un lugar de destino para la evasión de capitales, y esa situación no puede mantenerse por más tiempo.

El Gobierno parece consciente de que estas son las líneas maestras de una negociación con Londres, aunque suponga aparcar, que no olvidar, la discusión sobre la cosoberanía para un futuro no lejano. Las fechas no son un problema menor en esta negociación porque el pacto debería cerrarse en octubre, para incluirlo en el acuerdo global Unión Europea-Reino Unido que regulará el período de transición de dos años tras el “divorcio”, previsto para el próximo marzo.

España tiene una gran ventaja que el Gobierno debería explotar a fondo: el derecho de veto en su favor consagrado en la cláusula 24 de las Directrices para la negociación, aprobadas por el Consejo Europeo en abril del año pasado, a instancia de Madrid. Dicha cláusula establece que “después de que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo” entre ambas partes “podrá aplicarse al territorio de Gibraltar”, sin la aprobación del Reino de España.

La inclusión de un acuerdo bilateral, con las mejoras mencionadas, en forma de protocolo anexo al acuerdo global, tal y como plantea Madrid en estos momentos, es una fórmula muy conveniente, porque los protocolos de los tratados están dotados de exactamente la misma fuerza jurídica vinculante que su texto articulado y de la flexibilidad necesaria para alcances geográficos acotados. Por eso es previsible que los otros dos elementos territoriales litigiosos —la cuestión irlandesa y las bases militares británicas en Chipre— se incluyan también en sendos protocolos.

Por eso no puede sostenerse, como hace el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José Ramón García Hernández, que sería “gravísimo” incorporar el asunto de Gibraltar a un protocolo en vez de al cuerpo central del tratado del Brexit. Es exactamente al contrario. Lo que es mejorable, sin embargo, y objeto de una queja razonable por parte del Partido Popular, es la velocidad con que circula la información oficial y la consiguiente implicación de todos los grupos parlamentarios en el proceso negociador con Reino Unido.

Gibraltar es hoy el mal referente de aquello en lo que podría derivar la zona limítrofe entre la República de Irlanda y el Ulster en la eventualidad de un mal acuerdo en el Brexit: inestabilidad, corrupción y criminalidad de cuello blanco organizada. De lo que se trata es de que, bien al contrario, el acuerdo sirva para que la actual Irlanda se convierta en una referencia positiva para el Peñón.