Luz más barata

La comparecencia en el Congreso el miércoles de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha servido para confirmar que el Gobierno está tomando conciencia de los graves problemas de la política energética en España. Es un gran avance político que la ministra señale la deficiente regulación del mercado eléctrico como la causa principal de la subida imparable del precio de la electricidad en España y, por tanto, del coste para los ciudadanos del recibo de la luz. Ribera, además de acertar en el diagnóstico cuando apuntó al mercado marginalista e inadecuado para fijar el precio de una subida del kilovatio que causa si no alarma sí inquietud entre los españoles con menos recursos, adelantó su intención de reformarlo en profundidad quizá cuando exista la oportunidad política adecuada. Está por ver si puede hacerlo, pero el hecho es que quiere y que ha identificado con convicción una de las causas estructurales del problema, más allá del velo de los motivos coyunturales.

El precio de la electricidad es un factor básico en la determinación de los precios y costes de la industria y de las economías domésticas. De ahí que, para mejorar la competitividad general de la economía y reducir el castigo de la factura en las rentas más bajas, sea conveniente crear un sistema de fijación de los precios que reduzca la volatilidad y la tendencia a encarecerse sistemáticamente por encima de los precios de la electricidad europea. Reducir o suprimir el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica es una decisión de urgencia, necesaria para bajar la presión del precio sobre el recibo de forma rápida entre el 3% y 4% (el impuesto sobre la generación pesa el 35% sobre la factura); pero no resuelve las deficiencias estructurales del mercado eléctrico, que requiere una reforma meditada y pactada con los agentes económicos. El deseo de la ministra de ampliar la cobertura del bono social eléctrico y de crear ayudas a la calefacción son inciativas igualmente respetables y necesarias que deberían concretarse en el menor plazo posible.

El problema de la pobreza energética no se ha afrontado en España con contundencia desde el Estado —de hecho, los Gobiernos de las dos últimas legislaturas se han limitado a enunciar su existencia y a pasar de puntillas sobre él, descargando el problema sobre la logística insuficiente y mal dotada de los Ayuntamientos— y ya es hora de que se haga integrándolo en el problema global de los precios y de la transición hacia otros modelos de producción eléctrica.

La voluntad y la determinación que exhibió la ministra no deben hacernos olvidar que para generar confianza en la nueva política energética se necesita precisión y verosimilitud ante los ciudadanos. Para conseguirlas, parece oportuno detallar en cuánto se va a ampliar la cobertura del bono social, cómo se van a articular las ayudas contra la pobreza energética, cuáles serán los criterios del mercado para formar los precios y de qué forma se va a conseguir la descarbonización del sistema y una transición hacia una estructura con el 32% de producción con energías renovables, un plan tan ambicioso que desde luego tiene que explicarse muy bien para que sea creíble. El miércoles, la ministra apenas rebasó el umbral de la declaración de intenciones; pero ofrece destellos de un cambio drástico en la política energética.