Sánchez le quita el fuego a Ciudadanos

“Os vais a enterar”. La reacción que Ciudadanos atribuyó a Pedro Sánchez cuando Rivera espoleó al presidente con la tesis no se ha sustanciado en un calentón. Lo ha hecho con una iniciativa que compromete la línea de flotación del partido naranja. Ciudadanos había convertido la batalla contra el aforamiento en la quintaesencia del mensaje regenerador, pero es Sánchez quien lo ha adquirido como propio en la fiesta de los cien días de Gobierno.

Se antoja una operación política audaz porque Sánchez domestica la iracundia de Rivera en su zona de sensibilidad, pero también porque la medida -o el "plagio" de Cs- está revestida de sensatez y de popularidad. El aforamiento se percibe como un privilegio de casta y abarca en España una proporción hiperbólica, 250.000 —más de 17.000 personas, entre funcionarios, políticos, figuras institucionales y 232.000, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos—, aunque Sánchez es consciente de los obstáculos políticos y simbólicos. Ninguno tan evidente como el tabú de la reforma constitucional. O como el bloqueo que el PP pueda ejercer en el Senado, aunque sea a expensas de su deterioro de imagen.

No existe constancia metafísica de que nuestra Ley Fundamental emane de un poder divino. Ni que la obtuviéramos en el Sinaí con el señuelo de una zarza ardiendo. La Constitución ya se ha modificado en el prosaísmo utópico del techo de gasto. Y se puede volver a modificar, pero es cierto que el contexto político hipersensible y la dependencia socialista de las fuerzas soberanistas sobrentienden un clima de sugestión y hasta de psicosis, más o menos como si Sánchez no pretendiera tanto acabar con la anomalía de los aforados como buscar un pretexto o un precedente que predisponga las ulteriores modificaciones. Es conocido que el PSOE quiere “actualizar” la Constitución, sensibilizarla con nuevos derechos sociales, redefinir el modelo territorial, perfeccionar la calidad democrática. Encaja en este último capítulo la batalla contra el aforamiento, pero la idea con que Sánchez ha celebrado sus primeros cien días no solo exige el compromiso de materializarla en 60 días, como ha hecho y dicho, sino el desarrollo de la reforma —sus extremos, la inviolabilidad del Rey, los cargos preservados— y la plena transparencia respecto a los futuros planes, si los hubiera, de reforma constitucional, sabiendo, como sabe Sánchez, que la aritmética de los 84 diputados pueda incitar pactos mefistofélicos. Y conociendo, como conoce, que la mayoría del PP en el Senado representa el obstáculo del gran cancerbero.

Se han precipitado los guardianes del PP en considerar que la iniciativa de Sánchez aspira a una especie de amnistía preventiva de los políticos catalanes presos. Plantearlo de manera tan oportunista no solo implica un ejercicio temerario de desconfianza hacia los tribunales ordinarios. También invita a preguntarse si los populares consideran mejor protegido a su líder, Pablo Casado, con su armadura de aforado de cuanto lo estaría sin ella.