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Amenaza a la CPI

La Administración Trump trata de chantajear al organismo internacional de justicia

El Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.
El Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. AFP

Las amenazas vertidas por miembros del Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de que este investigue presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán constituyen un chantaje inédito en las relaciones internacionales por parte de la democracia más poderosa del mundo a un organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente, Donald Trump, y por tanto uno de los hombres de su máxima confianza, se ha despachado contra la CPI en un discurso plagado de afirmaciones que suponen un ataque frontal contra un organismo del que forman parte 123 países y que comenzó sus actividades en 2002 con un único objetivo: juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Bolton, —apodado desde hace años en Washington “el halcón de la guerra” y partidario, por ejemplo, de ataques militares preventivos contra Irán y Corea del Norte— desde su nombramiento ha tenido un papel más bien irrelevante en el equipo de gobierno de Trump, pero el lunes aseguró que la Administración estadounidense está dispuesta a sancionar a los miembros de la CPI que participen en las investigaciones sobre actuaciones denunciadas de sus soldados en Afganistán. Esto incluye procesarles judicialmente. A la vez consideró al organismo “ilegítimo” e incluso “una amenaza” para la seguridad de EE UU. El colaborador de Trump aseguró además que Washington pretende firmar acuerdos con otros países para que estos no actúen contra ciudadanos estadounidenses a petición de la CPI.

Lo que la Administración Trump ha anunciado es, llanamente, un chantaje contra el sistema internacional jurídico más importante de defensa de los derechos humanos. Y hace extensiva además esta amenaza a otros países que, lógicamente, serán aliados y por tanto más vulnerables para cumplir las exigencias de Trump. Se trata de un salto cualitativo muy negativo en la actitud de respecto a la CPI por parte de Estados Unidos, que rechazó desde el principio la creación de un Tribunal de estas características pero que ahora muestra una hostilidad concreta. Este paso, desgraciadamente, no es una excepción, sino que forma parte de la dirección marcada, desde el comienzo del mandato del millonario neoyorquino, de desprecio, rechazo y destrucción del sistema multilateral internacional. Un modo de entender las relaciones entre países que, con todas sus imperfecciones, garantiza la convivencia pacífica y, como pretende a la CPI, que la justicia llegue a todos.

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