La burbuja inmobiliaria de la Iglesia

Durante años, el clero español ha ido registrando a su nombre iglesias, catedrales, ermitas y casas rectorales, además de cementerios, viñedos, olivares, atrios, solares y otras propiedades que, en apariencia, carecían de dueño. Esta cascada de primeros registros, lo que técnicamente se conoce como inmatriculaciones, ha permitido engordar el patrimonio con edificios de gran relevancia y, además, a precio de ganga. Poner a su nombre en 2006 la mezquita de Córdoba le costó apenas 30 euros al obispado.

Nadie parece saber a ciencia cierta el número de propiedades que se ha apuntado la Iglesia en los tiempos de la burbuja de la inmatriculación, pero el Gobierno está decidido a publicar la relación de los registros que se llevaron a cabo desde 1998, cuando el Ejecutivo de Aznar modificó la ley hipotecaria de los años cuarenta para permir inmatricular los templos. La reforma permitió a la Iglesia inscribir ermitas o catedrales sin tener que demostrar que eran suyas. El proceso se llevó a cabo con sigilo y opacidad, sin la obligación de publicar edictos.

Muchos creen que el registro de este aluvión de propiedades ha sido un expolio. Ayuntamientos y particulares descubrieron cómo, de la noche a la mañana, inmuebles o fincas que creían del pueblo pasaron a manos del clero. En su afán por acaparar propiedades, la Iglesia registró a su nombre edificios que tenían un dueño bien identificado, como ocurrió con la iglesia de Ucieza. El lugar en el que se alza el templo cisterciense en la localidad palentina de Ribas de Campos cuenta también con una sacristía y un molino de agua, que en su día formaban parte del monasterio de Santa Cruz de la Zarza, fundado en el siglo XII y actualmente en estado ruinoso.

La finca fue comprada en 1978 por la empresa ganadera Sociedad Anónima de Ucieza, pero, 16 años después, el obispado de Palencia puso a su nombre las instalaciones apelando a la ley hipotecaria de la época franquista, según la cual la Iglesia católica, cuando carezca de título escrito de dominio, “podrá inscribir el de los bienes inmuebles que le pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”. El clero se apuntó sin miramientos la iglesia de Ucieza en una maniobra que no fue desactivada ni por el Tribunal Supremo ni por el Constitucional. Solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atendió la reclamación de la empresa agropecuaria.

La ley que ha permitido a los obispos inscribir miles de bienes a su nombre fue derogada en 2015, pero hasta entonces la Iglesia había ya completado su particular boom inmobiliario. La Conferencia Episcopal reconoce que se han podido cometer errores (el de la iglesia palentina es flagrante), aunque la falta de transparencia impide conocer su alcance. Para saber el total de inmatriculaciones bastaría con enviar una circular a las diócesis en la que se solicitara una relación detallada de los bienes registrados. Al Gobierno le toca elaborar con precisión el mapa y definir los bienes que forman parte del patrimonio cultural, histórico o de valor incalculable. Monumentos como la mezquita de Córdoba o la Giralda son de todos.