Los taxistas y nosotros

Ante la protesta de los taxistas contra los despliegues de Uber y otros VTC (vehículos de transporte con conductor), los ciudadanos oscilan entre dos polos opuestos.

Uno es solidarizarse con los taxistas. Aunque nunca con su sector cafre y violento, que la semana pasada dio la nota en Barcelona. Motivos: son trabajadores sometidos a largos horarios, muchas veces han adquirido como autónomos sus licencias a precio de oro, no deberían ser pasto del intrusismo oportunista a cargo de desconocidos de última hora.

Las Administraciones suelen hacerse eco de esa reacción (Gobierno, Govern, Ayuntamiento de Barcelona, Autoridad Metropolitana). Por motivos puros. O espurios: porque los taxistas pueden liarla gorda y colapsar una ciudad.

La otra reacción es muy propia del consumidor: más operadores significa más competencia, que abarata precios. Esto es tanto más agradable en un sector con rincones históricos corporativistas, aderezados de abusos y autoprotecciones peligrosas.

Los entes reguladores, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, apoyan esta visión. Por eso impugnan las regulaciones de cualquier Administración, reputándolas de restrictivas para la competencia.

Es difícil no albergar simpatía por el aumento de la competencia que trae la llegada de nuevos actores. Pero, atención, tiene límites y puede ser engañosa.

El límite principal es que se trata de un servicio público, aunque lo dispense el sector privado. No es un puro mercado, requiere un orden, ciertos equilibrios (entre oferta y demanda). El engaño se comprende fácilmente reduciendo la ecuación al absurdo: ¿libertad total de acceso a todos? Centenares de miles de conductores, ¿bajarían precios o abocarían al caos y a múltiples ruinas?

Otro límite debe ser la exigencia de garantías iguales para servicios equivalentes: taxímetros, seguros, medios de pago, registros, transparencia, impuestos, protección del vehículo...

El Tribunal Supremo se ha alineado con tino en el enfoque aperturista, pero receloso del ultraliberalismo: en junio apoyó alguna reclamación de Uber y compañía, pero validó la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis; y la exigencia de que aquellos desarrollen el 80% de sus servicios en la autonomía donde se domicilian.