Un embrollo judicial canario

El pasado 31 de mayo este periódico publicó bajo el logotipo de EL PAÍS-Investigación una impactante noticia titulada: El presidente de los jueces de Canarias a otro magistrado: “Te están siguiendo. Te interesa retirar la denuncia. El sumario explicaba el contenido del artículo: Un juez entrega grabaciones en la fiscalía sobre supuestas presiones para que retirase una denuncia contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo firmaba José Antonio Hernández, miembro del Equipo de Investigación del diario. El primer párrafo daba una idea de la gravedad del asunto tratado:

“Salvador Alba, magistrado de la Sección Sexta de lo Penal de Audiencia Provincial de Las Palmas, presentó el viernes en la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que aporta grabaciones que dan cuenta sobre presiones recibidas de otros jueces -entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste Armas- para que retire una denuncia que él mismo interpuso al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Y, además, sobre supuesto trato de favor de jueces de la isla al citado Ramírez”. EL PAÍS reprodujo también el audio de la citada grabación.

El artículo recogía el contenido de la denuncia en la que figuraban los nombres de la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, y de su pareja, el periodista Carlos Sosa, indirectamente implicados, ya que la juez se había ocupado de una causa abierta contra Ramírez –en el mismo juzgado en el que sería reemplazada por el juez Alba al optar por la carrera política-, quien había reconocido la existencia de una relación comercial con la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa. Hernández recogía en su texto la reacción del juez Doreste y los desmentidos de Carlos Sosa, quien aseguró a la prensa que las relaciones comerciales mantenidas con una empresa de Ramírez se habían producido mucho antes de que su pareja se ocupara de la causa judicial contra dicho empresario.

Parte de esta historia volvió a publicarse en la edición digital de EL PAÍS el pasado 14 de julio, esta vez en la sección de España, a raíz de que el magistrado Alba, tras no prosperar su denuncia ante la Fiscalía, presentara una querella por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo. Los titulares esta vez eran: Un juez de Las Palmas se querella contra 'su jefe' por "amenazas y obstrucción a la justicia". El magistrado Alba aporta grabaciones en las que el presidente del Superior de Canarias le pide que retire una denuncia contra un conocido empresario. De nuevo volvían a aparecer los nombres de Victoria Rosell y Carlos Sosa en parecidos términos a como figuraban en el primer escrito.

Ambos artículos dejaban traslucir un colosal conflicto en la judicatura canaria con grabaciones de conversaciones entre magistrados, además de denuncias y querellas cruzadas ante distintas instancias. Una guerra en la que se han visto envueltos tanto los magistrados Salvador Alba, Antonio Doreste (‘su jefe’) y Victoria Rosell, como el empresario Miguel Ángel Ramírez, además de la pareja de la señora Rosell, Carlos Sosa. Hasta el punto de que distintos órganos judiciales han recibido denuncias contra la magistrada Victoria Rosell, quien ejerce, a su vez, la acusación particular, junto a su pareja, y al partido Podemos, en la causa judicial abierta contra el juez Alba por cinco delitos graves y en la que la petición fiscal es de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación.

Aunque mencionaba de pasada alguno de estos hechos, el segundo artículo se centraba en la querella que ha presentado ahora el juez Salvador Alba ante el Tribunal Supremo y recogía sus principales tesis. Algo que ha indignado a Carlos Sosa, director del digital Canarias Ahora que me ha enviado una carta para protestar por el hecho de que José Antonio Hernández, y con él EL PAÍS, se haya hecho eco de lo que denomina “una querella instrumental”.

Se trata de una carta muy extensa en la que el señor Sosa expresa su sorpresa de que el diario haya publicado la misma noticia (la denuncia del juez Alba ante la Fiscalía, primero, la querella ante el Tribunal Supremo, después) dos veces, sin que aparezcan en ella elementos que considera esenciales. De ahí que pida mi intervención, al entender que en el artículo en cuestión, “se sustrae premeditadamente a los lectores del periódico una serie de elementos tan fundamentales que, de no haberlos ignorado el redactor, probablemente convertirían la información en impublicable”.

José Antonio Hernández, el periodista que firma ambos artículos me explica a este respecto que la primera información fue “una exclusiva sobre una grabación inédita entre un magistrado de la Audiencia de Las Palmas, Salvador Alba, y la primera autoridad judicial de Gran Canaria, Antonio Doreste. La segunda es la querella presentada ante el Tribunal Supremo fruto de esa grabación. Fue, por tanto, un seguimiento de la exclusiva. La querella también fue publicada casi a la par que por EL PAÍS, por el periódico Confilegal, que además viene tratando este tema con profusión”. Hernández reconoce además: “Obviamente, en la segunda información se reprodujo una parte de lo contado en la primera para contextualizarla. Y la mención al señor Sosa y su esposa forma parte del fondo de este asunto. La versión del señor Sosa, que no es protagonista de ninguna de las informaciones, figura en la primera información, junto con un amplio despliegue de las circunstancias judiciales del señor Alba. El presidente del TSJC, con quien contacté, no quiso decir nada”.

Entiendo que el señor Sosa discrepe del contenido de la querella presentada por el magistrado Alba, pero, en mi opinión, lo más relevante de su carta son los desmentidos concretos a diversas afirmaciones concretas que se hacen en el artículo.

La primera a la que se refiere el señor Sosa es la siguiente: “El magistrado Alba había denunciado a Ramírez por 'falsedad y tráfico de influencias' tras salir a la luz otra grabación, en este caso entre Ramírez y Alba, en la que el empresario se jacta de sus amistades con jueces y le dice que ha tenido relaciones comerciales con el marido de una juez de Canarias, Victoria Rosell, [Carlos Sosa] a cuyo juzgado, el 8 de Las Palmas, llegó una denuncia contra el empresario por delitos contra los trabajadores y fraude de cuotas de la Seguridad Social”.

Explica Carlos Sosa en su carta: “Consta en el procedimiento penal en el que está incurso el señor Alba (y está profusamente publicado) que es él el que pide a Ramírez información sobre posibles relaciones comerciales conmigo, y en esa conversación Ramírez ya le habla de relaciones alejadas en el tiempo, que se concretaron en la investigación anterior a 2009, cinco años antes de que la señora Rosell abriera diligencias previas por presuntos delitos fiscales y contra la Seguridad Social a una empresa del señor Ramírez”.

El periodista José Antonio Hernández niega rotundamente este extremo basándose en la grabación de la conversación mencionada: “Es el señor Ramírez el que dice en la grabación que tiene pruebas de sus negocios con el señor Sosa, la pareja de la juez Rosell. La intervención del señor Alba en esa grabación, de la que se da amplia cuenta en la primera y en la segunda información, es un asunto diferente”. Hernández afirma respecto a la duración de las relaciones comerciales entre los aludidos: “Los contratos entre Sosa y Ramírez se extienden como mínimo hasta 2016. Son de mantenimiento a cambio de publicidad entre Clan de medios y Ralons Servicios”.

En el artículo publicado el 14 de julio se recoge también, de acuerdo con lo expuesto por el juez Alba, que, “al poco de hacerse cargo del juzgado, tuvo conocimiento de la incoación de unas diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía de Las Palmas contra la juez Rosell. Tales diligencias eran, según la querella, por ‘un contrato de alquiler de licencia de radio con opción de compra que habían suscrito la emisora Unión Deportiva Las Palmas, participada mayoritariamente por el empresario investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso, y la entidad Clan de Medios de Comunicación y Marketing, representada por el que fuera entonces su administrador, don Carlos Sosa Báez, pareja sentimental de la magistrada Rosell’”.

El señor Sosa puntualiza en su carta: “El contrato suscrito entre Clan de Medios y Productora Audiovisual UD Las Palmas por la cesión de explotación de una frecuencia de radio se celebró después de que la señora Rosell abandonara el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, previa concesión de la correspondiente excedencia como jueza para concurrir a las Elecciones generales de 2015”.

A ello responde José Antonio Hernández: “La juez dejó el juzgado con la causa del señor Ramírez abierta desde hacía dos años, tan solo tres días antes de pedir excedencia e incorporarse a Podemos como diputada y de que su pareja firmase el referido contrato. El periodista Francisco Chavanel, en su programa de radio El Espejo Canario, anunció, un mes antes de la firma (está documentado y difundido por las ondas), el precio del contrato y los extremos del mismo, casi 300.000 euros. Un contrato así no se firma de un día para otro, y justo tres días después de que su pareja, Rosell, dejase el juzgado. El contrato se perfecciona por el consentimiento y desde entonces obliga a las partes (art.1261 del Código Civil), por lo que ese contrato se hizo antes del cese de Rosell y eso fue lo que provocó la investigación de la fiscalía contra la juez y pareja sentimental de Sosa”.

El señor Sosa explica en su carta que las ‘diligencias preprocesales’, “no solamente derivaron en un archivo en el Consejo General del Poder Judicial, al que fueron remitidas, sino que resultaron objeto de una contundente sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo, que las anuló y que concluyó que durante su tramitación se vulneraron derechos de la magistrada investigada, la señora Rosell “.

José Antonio Hernández matiza la información: “El Poder Judicial le abrió un expediente a la juez Rosell tras recibir una denuncia de que había estado tramitando durante dos años un caso del empresario Miguel Ángel Ramírez, el mismo que está acreditado que mantuvo relaciones comerciales, -lo dice él mismo en otra grabación y se recoge así en la querella-, con el señor Sosa, pareja de la juez durante la instrucción. El Poder Judicial no entró en el fondo de esas relaciones comerciales”. En cuanto a la Sala III del Tribunal Supremo, señala, “no valora la veracidad o no de lo ocurrido”.

Por último, el señor Sosa plantea varias objeciones al siguiente párrafo del artículo: “Según Alba, ‘en el transcurso de la instrucción, la representación de Seguridad Integral Canaria, S. A., le ofreció aportar una documentación contable, como así hizo, y otros documentos que evidenciaban que la relación empresarial entre Ramírez y la pareja de Rosell se extendía en el tiempo desde el año 2006’, lo que pudo generar una incompatibilidad por parte de la juez. Alba recibió en su despacho a Ramírez el día 16 de marzo de 2016, encuentro que el empresario grabó y cuyo contenido trascendió a la opinión pública”.

Sosa niega que la oferta de aportar documentación contable al magistrado Alba se produjera “en el transcurso de la instrucción”. “Como ha quedado acreditado en la investigación seguida a raíz del comportamiento de ese magistrado," señala, "también profusamente publicado, el señor Alba trata de introducir en el procedimiento por fraude fiscal y a la Seguridad Social contra el señor Ramírez una documentación comercial anterior a 2009 para, con ella, enviar un informe al Tribunal Supremo que sirviera para admitir a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria había interpuesto contra la señora Rosell, lo que a principios de 2016 originó su dimisión como diputada de Podemos en aplicación del código ético del partido por el que fue elegida”.

José Antonio Hernández rechaza la acusación de falsedad. “Todo el párrafo es una valoración subjetiva del señor Sosa en la que incluso inmiscuye sin pruebas a un exministro”, apunta.

Es obvio que el periodista José Antonio Hernández conoce a fondo el tema. Sin embargo, su explicación, según la cual “la versión del señor Sosa, que no es protagonista de ninguna de las informaciones, figura en la primera información, junto con un amplio despliegue de las circunstancias judiciales del señor Alba”, ignora una norma esencial del periodismo. Los lectores no tienen por qué recordar lo ya publicado, -en este caso media un mes y medio entre ambas noticias-. Y el periodista estaba obligado a recoger de nuevo los desmentidos del señor Sosa, además de a ser más explícito respecto a “las circunstancias judiciales” del magistrado Salvador Alba.