“Ningún juez ha pedido nunca la excedencia por paternidad”

María Ángeles Carmona Vergara (53 años) trabaja desde hace más de una década en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla como secretaria judicial y es desde 2014 la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A caballo entre Madrid y Sevilla, entre la más alta instancia y la primera línea de protección de las mujeres, Carmona pide una mayor inversión en el pacto de Estado contra la violencia de género, que ampliará el concepto "a todas las víctimas de violencia sobre la mujer", y denuncia las dificultades de conciliación que aún tienen las mujeres en la carrera judicial.

Pregunta. Casi 15 años después de que en España se empezaran a recoger estadísticas sobre violencia de género, las muertes no se reducen significativamente ¿Cuál es su balance?

Respuesta. A pesar de que siguen produciéndose asesinatos, el balance no tiene más remedio que ser positivo. España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y el tema se ha elevado a la categoría de cuestión de estado. ¿Hay que hacer mucho más? Sin duda, pero hay que tener en cuenta que primero hay que cambiar la conciencia social, fundamentalmente machista, que ancestralmente existe en nuestras sociedades. Sin embargo, es evidente que hay un mayor empoderamiento de la mujer, una mayor confianza en las instituciones: como prueba, se está denunciando cada vez más.P. ¿Qué hacer si una mujer no denuncia? En la mayoría de las muertes por violencia machista en 2017 (38 frente a 11) la mujer no denunció…

R. Para nosotros todos los asesinatos son fallos del sistema, tanto si hay denuncia previa como si no. En el Pacto de Estado se dice que las mujeres estarán protegidas, aunque no sean capaces de denunciar, y esto me parece un gran avance. Dentro de muy poco, se podrá actuar sin que haya denuncia previa, siempre que haya una detección del problema por parte del entorno: un médico, un profesor, un amigo...

P. Los casos de denuncias por malos tratos, abusos y agresiones sexuales entre menores de edad han aumentado hasta un 25%. ¿Por qué se sigue reproduciendo el problema de la violencia de género en la juventud española?

R. Hay dos motivos: los adolescentes empiezan a tener relaciones afectivas cada vez más jóvenes y las redes sociales tienen una importancia cada vez mayor. La inmadurez que es propia de esas edades les impide en muchas ocasiones ver cuáles son los primeros síntomas del maltrato y las nuevas tecnologías permiten actitudes de control completamente nuevas. Estamos viendo niñas que tienen en sus teléfonos aplicaciones espía a través de las cuales su novio controla con quién están, donde están… Pero también hace falta la colaboración de los medios de comunicación: hay que acabar con la publicidad sexista y los programas de televisión que continúan con arquetipos de género ancestrales, porque los jóvenes son especialmente permeables a estos mensajes.

P. Pero, ¿cómo se puede legislar el contenido de la televisión sin caer en la censura?

R. Se podría introducir una mayor concienciación en la programación televisiva y también en la publicidad. Hay que visibilizar el papel de la mujer como profesional y no solo como objeto. Seguimos viendo anuncios en los que se discrimina a la mujer y en el Pacto de Estado se incluyen medidas para declarar ilícita esa publicidad y para publicar las sanciones a esas empresas que permiten hacer esa publicidad discriminatoria con las mujeres.

P. ¿Qué cree que ocurrió el 8-M?

R. El 8-M fue un día histórico. En España ha sido especialmente importante porque hay una mayor concienciación y una mayor sensibilización social, algo que hemos venido labrando desde muchísimo tiempo. España es un país muy maduro en cuestión de género. Estoy convencida de que la sociedad ha cambiado. Solo hay que ver la reacción social en temas tan duros como el de Diana Quer o La Manada.

P. ¿Qué opina precisamente de esas movilizaciones en contra de la sentencia y liberación provisional de La Manada?

R. Estas manifestaciones también son indicativas de que hay algo que se está moviendo en la sociedad. Yo como vocal del CGPJ no me he pronunciado ni me voy a pronunciar sobre la sentencia en concreto, pero sí que es verdad que la Justicia ha pecado un poco de falta de explicación. Esta diferencia entre abuso sexual y agresión sexual que está en la violencia y la intimidación, está claro que la sociedad no lo ha entendido. Por eso, ya se están empezando trabajos en la Comisión de Codificación Penal para que el lenguaje del código se adecúe a la sensibilidad social en estos delitos tan graves de violencia sexual.

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P. ¿Deslegitiman las protestas el sistema judicial? ¿Se ha perdido la confianza en las decisiones de los jueces?

R. Es cierto que esta sentencia ha hecho daño al poder judicial, no lo niego. Pero las protestas no lo deslegitiman en absoluto. No podemos estar exentos de críticas. Los medios de comunicación y la sociedad deben controlar a todas las instituciones, incluyendo el poder judicial. Por eso el procedimiento y las sentencias son públicas. Lo que queremos es transparencia, que todo el mundo entienda las sentencias y confíe en el poder judicial.

P. Más de la mitad de los jueces son mujeres (53,2%), pero solo 12 de 83 integrantes del Supremo, 1 de 17 en los TSJ y 8 de 50 en las Audiencias Provinciales. ¿A qué se debe el techo de cristal en la carrera judicial?

R. Es indudable que existe un techo de cristal en la carrera judicial, como en muchos otros ámbitos profesionales. Por desgracia, todavía las mujeres compatibilizamos nuestra carrera profesional con nuestra carrera personal. En el 100% de las ocasiones son las jueces las que piden las excedencias para cuidar de los hijos. ¡El 100%! Todavía no hemos tenido ningún juez que la haya pedido. En el CGPJ, hemos propuesto que el periodo que esas mujeres han estado por baja familiar también se compute para acceder a los altos cargos. Y esto mismo debería suceder en otros ámbitos profesionales.

P. El reciente Pacto de Estado contra la violencia machista ha cristalizado en un total de 200 millones del presupuesto para combatir este fenómeno. ¿Es suficiente? ¿Cuáles son las prioridades de inversión de este dinero?

R. Es una cantidad significativa, pero yo estoy absolutamente convencida de que, a medida que vayamos avanzando en la puesta en marcha de las medidas, se va a tener que ampliar el presupuesto. Vamos a ampliar el concepto de violencia de género, no solo vamos a atender a las mujeres que son víctimas de la violencia en pareja, sino a todas las víctimas de violencia sobre la mujer. Por lo tanto, los recursos van a tener que extenderse. Y eso significa dinero: asistencia psicológica, económica, juzgados y cuerpos policiales especializados, educación de género... Si queremos que se implemente el Pacto de Estado tal y como está es imprescindible que haya más recursos. Ojalá se aprueben estas medidas en esta legislatura. Pero yo estoy convencida de que, tarde o temprano, el Pacto se va a traducir en un cambio legislativo. Es algo por lo que clama la sociedad.