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Divorcio en desventaja para las mujeres kenianas

Fracasa el intento de cambiar la ley en el país africano para que el reparto patrimonial sea igualitario y no obvie las aportaciones no monetarias de ellas

Las divorciadas kenianas seguirán en desventaja en lo que respecta a los bienes gananciales. El Tribunal Supremo del país africano ha desestimado una petición que reclamaba que, en caso de que una pareja ponga fin a su matrimonio, sus propiedades se repartan a partes iguales.

Cuando la Federación de Mujeres Abogadas de Kenia presentó la petición en septiembre de 2016, su objetivo era la derogación de la sección séptima de la Ley de Régimen Económico Matrimonial. Esta norma dicta que, en caso de divorcio, las propiedades de la pareja se reparten de acuerdo con la contribución que haya hecho cada uno mientras duró el matrimonio. Las abogadas afirman que la ley contradice un artículo de la Constitución keniana, según el cual "ambos cónyuges tienen los mismos derechos en el momento de contraer matrimonio, mientras dure este y en caso de su disolución".

Sin embargo, el Tribunal Supremo replicó que el reparto al 50% que proponían las juristas daría lugar a posibles fraudes, al abrir la puerta a que la gente contrajese matrimonios de corta duración con el único objetivo de hacerse con la mitad de las propiedades del otro cónyuge. En consecuencia, el 14 de mayo el tribunal falló en contra de la petición. La Federación de Mujeres Abogadas afirma que recurrirá la decisión.

El mismo día de la sentencia, Josephine Mong'are, presidenta de la asociación, declaró que en su organización existe un gran temor a que el país retroceda de golpe a la época en la que las mujeres recibían un trato injusto sobre los bienes ganaciales. "Tal como está formulada actualmente, la Ley de Régimen Económico Matrimonial tiene sus limitaciones y en Kenia cada año sigue habiendo millones de mujeres que se ven obligadas a luchar por conservar sus propiedades tras el divorcio o la muerte de su esposo. Debemos salvaguardar los avances en favor de la mujer de la actual Constitución".

La sección séptima es una enmienda añadida a la Ley de Régimen Económico Matrimonial cuando esta se aprobó en 2013. En origen, la legislación garantizaba a las mujeres que, en caso de divorcio, los bienes se dividirían a partes iguales. La versión enmendada cambió el reparto de manera que correspondiese a la contribución de cada cónyuge, pero también hizo recaer la carga de la prueba sobre el hombre. En vez de ser la mujer la que tiene que demostrar que tiene derecho a un reparto igualitario, como establecía la normativa anterior a la ley actual, ahora es el hombre quien debe probar que le corresponde más de la mitad de las propiedades.

"La mayoría de las mujeres que se ven envueltas en [un litigio por la tierra] ni siquiera tiene la capacidad de presentar una demanda. Casi siempre se limitan a renunciar, aliviadas porque su matrimonio haya terminado, y lo único que quieren es seguir con su vida".

Pero los defensores de los derechos de las mujeres denuncian que el sistema actual perjudica gravemente a las mujeres kenianas, que ya se encuentran en importante desventaja con respecto a los hombres en lo que a propiedades se refiere. En los casos de litigio por la titularidad de un bien, los hombres suelen disponer de más recursos para respaldar su demanda de que son acreedores de todos o la mayor parte de los bienes. Por lo general, las mujeres no tienen tiempo ni dinero para luchar por sus derechos sobre las propiedades en un tribunal o, sencillamente, no saben cómo hacerlo.

Calcular la contribución de la mujer

Con la legislación actual, las mujeres tenemos difícil explicar lo que hicimos durante el matrimonio para demostrar lo que aportamos

En Kenia, un país en el que más del 60% de la población depende total o parcialmente de la agricultura para vivir, las mujeres representan el 80% de la mano de obra. Sin embargo, solamente el 1% de las propiedades registradas está a su nombre y alrededor del 6% al suyo y al de su marido.

Cuando pronunció su veredicto, el juez John Mativo señaló que la Ley de Régimen Económico Matrimonial establece compensaciones por la contribución no monetaria a la unidad familiar y que, por tanto, legalmente el reparto de las tierras y las propiedades de una pareja tiene en cuenta el trabajo no remunerado de la mujer, como el cuidado de la casa, la gestación y la crianza de los hijos, y el trabajo agrícola.

Sin embargo, los defensores de la petición de la Federación de Mujeres Abogadas denuncian que, normalmente, es difícil que las mujeres puedan cuantificar esa contribución, y que la mayoría nunca recibe una compensación adecuada por el trabajo no remunerado que han realizado a lo largo de su matrimonio.

"En la cultura keniana en particular, las mujeres siempre son las encargadas de los cuidados y las tareas domésticas no retribuidas, mientras que los maridos trabajan y adquieren propiedades", explica Evans Lagat, abogado del Tribunal Supremo del país africano. "En caso de divorcio o conflicto, corresponde a la mujer demostrar cuánto ha trabajado y contribuido, de manera que el tribunal pueda concederle una compensación financiera o del tipo que el juez decida".

Sin posibilidad de defenderse

Jane (nombre ficticio) contrajo matrimonio hace 11 años. Entonces trabajaba en un banco en Nairobi. Al quedarse embarazada, dejó su empleo para cuidar al bebé. Cuando llegó el segundo hijo de la pareja volvió a quedarse en casa, dependiendo totalmente de su marido para el mantenimiento de la familia mientras ella se dedicaba al cuidado de los niños y a las tareas domésticas.

Durante el embarazo de su tercer hijo, su marido empezó a maltratarla. "Llegaba a casa borracho y me pegaba sin ningún motivo. Muchas veces venía con una mujer y se acostaba con ella en nuestro dormitorio mientras yo dormía en el de los niños", recuerda.

Jane se fue de casa y su marido empezó los trámites legales para el divorcio. "Firmé el documento inmediatamente", cuenta. Luego su cuñada le dijo que tenía derecho a exigir su parte de los bienes matrimoniales. En 2015 recurrió a los tribunales con la esperanza de conseguir al menos una de las viviendas que su marido había comprado mientras estuvieron casados. El tribunal, sin embargo, solamente le concedió 50.000 chelines kenianos (420 dólares). Sin tierra ni propiedades, Jane se quedó sin sitio donde vivir con sus hijos.

Entonces se mudó a casa de su hermana y empezó a vender pescado. Más adelante se trasladó a una casa alquilada, una pequeña vivienda de chapa metálica en los suburbios de Mathare. Durante el divorcio, su marido aceptó contribuir al mantenimiento de los hijos, pero Jane dice que ya no le paga la pensión alimenticia. "No puedo llevarlo a juicio porque me ha advertido muchas veces que tiene buenos contactos y no me conviene causarle problemas", lamenta.

Tras más de una década de matrimonio, Jane se encuentra sin casa y con grandes dificultades para ganar lo necesario para sostener a su familia. Si la ley no cambia, no tiene posibilidades de defenderse. "Con la legislación keniana actual, las mujeres como yo tenemos difícil explicar lo que hicimos durante el matrimonio para demostrar lo que aportamos", denuncia. "Espero que algún día se escuchen nuestras quejas y se nos garantice un trato igualitario".

Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

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