La revolución de las conciencias

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dispone hasta diciembre para concretar los cambios que habrá de presentar durante su investidura, cinco meses después de un triunfo que ha multiplicado las expectativas de renovación de una sociedad molida por la precariedad, la corrupción y el agravamiento de la criminalidad. Escorado hacia la izquierda, pero obligado a transitar por una socialdemocracia de corte latinoamericano, tendrá que hacer malabarismos, cuando no prestidigitación para cumplir sus promesas, entre ellas el asistencialismo reclamado por 53 millones de compatriotas pobres, el 42% de la población total.

El margen de actuación política del nuevo gobernante será, sin embargo, amplio; y si Morena controla el Congreso, mayor. Los fondos disponibles para el bienestar limitarán la universalización de las gratuidades, subidas salariales, subsidios y créditos comprometidos en el proyecto de nación publicado el 20 de diciembre de 2016, en el que denunció el secuestro del Estado por mafias. Tendrá que establecer prioridades en el reparto de ayudas porque el aumento del PIB apenas llega a los dos puntos, el crecimiento demográfico lastra la creación de empleo, la emigración sigue siendo una escapatoria, y el antagonismo con Trump trabará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La revolución de las conciencias y la recuperación del Estado como promotor del desarrollo social, político y económico sí son posibles. Pueden parecer objetivos grandilocuentes, pero no lo son. Aunque no figuran en las partidas presupuestarias, se necesita inversión y pedagogía para transformar la moralidad nacional. El esfuerzo será ímprobo porque el menosprecio de la diversidad religiosa, étnica, cultural y sexual, el machismo, la vulneración de los derechos humanos y la depredación del medio ambiente son fuente de muchos de los males mexicanos.

La guerra contra los bolsones de primitivismo exigirá coerción democrática, de compleja coordinación y cumplimiento en una república federal de 32 Estados y legislaciones, propias, y una capital donde residen los poderes federales, entre ellos el Congreso, cuyos consensos serán fundamentales. Improbable a corto plazo, un crecimiento económico musculado. Las reformas laboral, educativa, fiscal y energética del presidente saliente serán revisadas por el entrante, más estatista que privatizador, pero cuya ascendencia priista le capacita para nadar y guardar la ropa.

Sus primeras acciones intentarán converger con las demandas populares: higiene en la acción de gobierno y medidas contra dos problemas endémicos: la corrupción y la inseguridad. La austeridad prometida comenzará con guiños: una reducción del 50% del sueldo presidencial, y la renuncia a viajar en aviones y helicópteros privados.

Pero la profilaxis deberá trascender el simbolismo para acometer el adecentamiento de la Administración y romper el contubernio de policías y ladrones. Hay cuerpos de seguridad percibidos como sucursales del hampa. Más de 26.000 personas fueron asesinadas en 2017 y miles desaparecieron. Si AMLO encamina México hacia la seguridad y la justicia habrá hecho historia.