Que se cumpla la ley en RTVE

Casi a la misma hora que PP y Ciudadanos pactaban en la mesa del Parlamento reservarse el derecho de filtro y veto para elegir a la nueva cúpula de RTVE, dos periodistas de la Televisión de Galicia anunciaban su dimisión como presentadores del Telexornal 2. Protestan así contra las injerencias políticas en su trabajo por parte de los superiores jerárquicos, muy afines y obedientes a la Xunta de Núñez Feijóo. Tan solo unas semanas antes, en Valencia, eran otros dos compañeros de TVE los que renunciaban también a sus cargos para no ser cómplices de un acto de censura. En este caso fue la orden de no ofrecer las imágenes de la entonces secretaria de Estado de Comunicación con el Gobierno de Mariano Rajoy en las que insultaba a unos pensionistas que protestaban en Alicante.

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El PP ha tratado en este tiempo de poner una mordaza a los medios de comunicación públicos del mismo modo que ha legislado para amordazar a la ciudadanía bajo la excusa de la seguridad ciudadana. Los cientos de ejemplos acreditados en estos últimos años por los Consejos de Informativos dan buena prueba de ello. No hay espacio suficiente en todas las páginas de este periódico para enumerarlos a todos (pueden consultarlos en la página web www.consejoinformativos.tve) aunque a modo de resumen se puede decir que la práctica habitual es aplicar un doble rasero: tratar de silenciar en lo posible los escándalos que salpican al gobierno y destacar los que afectan a la oposición. Así, hemos asistido en los telediarios a casos de censura tan evidentes como el de los audios en los que se escuchaba al anterior ministro del interior, Fernández Díaz, incitar a la fabricación de pruebas contra la oposición.

De igual modo fuimos también los únicos que no ofrecimos en directo en nuestro canal de referencia la comparecencia íntegra de Rajoy como testigo ante el tribunal de Gürtel. Tampoco dimos los testimonios de agentes de la UDEF que involucraban en esas tramas al expresidente, aunque por supuesto sí ofrecimos los que afirmaban que eso no se podía demostrar. ¡Hasta censuramos a Mortadelo y Filemón cuando con motivo de la efeméride de su publicación Ibáñez los mandó a perseguir a Bárcenas! Como si fuese un guiño del genial dibujante, al final se supo que el presidente de RTVE figuraba en los papeles de Bárcenas como receptor de dinero del PP mientras era cronista parlamentario. En cualquier país de Europa occidental eso hubiese supuesto su destitución inmediata. El PP no solo lo nombró aplicando el rodillo, sino que lo ha mantenido hasta el último día de su mandato.

Si Ciudadanos ha venido, según dice, a regenerar la vida pública (y los medios de comunicación públicos son parte fundamental de una sociedad democrática) debería pensar bien con quien se alía en este terreno. A la mayoría de profesionales de RTVE la decisión de cambiar de bando para asegurarse de forma torticera junto al PP el control sobre la dirección de la radio televisión pública nos ha sonado a traición de última hora.

Podrán vestirlo con la supuesta legalidad que quieran, pero desde el punto de vista de la higiene democrática es inadmisible. Por sintetizarlo, PP y Ciudadanos, que son minoría en el Parlamento, por un ardid legal en la mesa del Congreso al computar también al Senado, se aseguran la mayoría absoluta en la comisión que ha de proponer los candidatos. Dejan sin opción a la mayoría del hemiciclo, donde reside la soberanía nacional a la que tanto apelan, y acaban por tanto con la posibilidad de la reclamada televisión del consenso, la que entre 2006 y 2012 permitió a RTVE vivir sus mejores años.

Este acuerdo incumple además el espíritu de la ley septiembre de 2017, aprobada por todos los grupos. En ella se dice de forma nítida que en segunda votación, si antes no se ha llegado al acuerdo transversal de dos tercios de la cámara, se podrá escoger a la cúpula de RTVE por mayoría absoluta con al menos cuatro grupos, de tal forma que el consenso sea obligado y se evite el control ideológico y político por parte de uno o dos partidos afines. El acuerdo en la mesa del parlamento echa un cerrojo a esa ansiada reforma y choca directamente con esa ley que aprobaron los representantes del pueblo español. Y a eso es simplemente a lo que aspiramos los profesionales de RTVE, a que se cumpla la ley.