Normalidad jurídica

El presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado favorable a trasladar a los presos independentistas a prisiones catalanas en cuanto se sustancie la fase de instrucción de la causa. La decisión está en sus manos, pues es a Instituciones Penitenciarias a quien corresponde decidir en qué lugar cumplen condena o prisión preventiva los presos y en esa valoración es normal tener en cuenta las necesidades de la instrucción, pero también los derechos de los propios reclusos. Conviene que este asunto tan inflamable evolucione con la máxima normalidad jurídica posible, y desde este punto de vista resulta razonable que el presidente se plantee el traslado de los presos a cárceles cercanas a su domicilio para que puedan estar cerca de sus familias, y también para facilitar su derecho a la defensa, como indica la ley.

La decisión contraria también sería legal, pero tendría que estar amparada en razones que deberían explicarse. En la actual coyuntura no es aconsejable restringir derechos o las medidas favorables a los reclusos previstas en la legislación penitenciaria en aras a prevenir sucesos o situaciones que no dependen de su voluntad y que tampoco se sabe si se van a producir. En cuanto se produzca el traslado, los presos independentistas pasarán a depender de la administración penitenciaria del Gobierno catalán. Es de esperar que las autoridades catalanas cumplan también con la máxima normalidad y conforme a la ley sus obligaciones de custodia.

En todo caso, si después del traslado se observara que la cercanía de los presos da lugar a problemas de orden público en el entorno de las prisiones, las administraciones penitenciarias colaborarán como han hecho hasta ahora y las fuerzas policiales adoptarán las decisiones que correspondan.

A nadie se le oculta que la decisión de trasladar a los presos a cárceles catalanas tiene importantes implicaciones políticas, pero no hay que olvidar que se realiza dentro del más estricto marco legal. La misión de los gobernantes es solucionar problemas, y para gobernar bien en ocasiones hay que arriesgar. Con la decisión del traslado, el presidente Sánchez opta por una iniciativa que puede contribuir a reducir las tensiones de un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado. Mejorar el clima político exige gestos y decisiones por ambas partes.

La misma actitud debe exigirse tanto a los partidos soberanistas como al Gobierno catalán. Cometerían un gravísimo error si persistieran en su estrategia de confrontación. Tienen que asumir que su ilusoria vía unilateral hacia la independencia ha fracasado y que, como en cualquier otro Estado de derecho, y España lo es plenamente, a quienes han conculcado la ley les toca responder de sus actos ante la justicia. Ambas partes deben poner el máximo esfuerzo para reconducir el conflicto hacia el cauce del diálogo y la negociación. El próximo encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat debería certificar ese cambio de rumbo.