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Frenos en el ascensor social

El Gobierno debe abordar la educación y el paro para combatir la desigualdad y facilitar el progreso generacional

Pruebas de selectividad en la Facultad de Biologia de la UB.
Pruebas de selectividad en la Facultad de Biologia de la UB.

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El nuevo informe de la OCDE sobre movilidad social en los países desarrollados arroja para España poderosas señales de alarma que deberían provocar una reflexión inmediata y respuestas a la altura de los retos que afrontamos. El ascensor social —los mecanismos de movilidad que permiten a las nuevas generaciones progresar con respecto a las anteriores— no es de los peores de Europa: un español de origen familiar pobre tarda hasta cuatro generaciones en saltar a una clase de ingresos medios, solo por detrás de los países nórdicos. Pero el denominado “suelo pegajoso”, que impide el despegue social de los menos favorecidos, no solo es peor que en el resto de la OCDE, sino que ha empeorado para España desde los años noventa.

El abandono escolar y el desempleo de larga duración nublan aquí las posibilidades de progreso social en mayor medida que en el resto de la OCDE: el 64% de los españoles pertenecientes al quintil más bajo de la escala de ingresos se quedarán estancados en él, frente al 57% de media de la OCDE. El 56% de los hijos de padres con bajo nivel educativo también se mantendrán en él, frente al 42% de media. Paralelamente, la seguridad de permanecer en la franja más alta de ingresos es mayor en España que en el resto de países analizados. La desigualdad, por tanto, no es solo una realidad que mina el desarrollo después de la crisis, sino una peligrosa herencia que impide una mejora de las perspectivas individuales.

El informe es una importante herramienta que puede ayudar al Gobierno a orientar sus prioridades y que fija los deberes más urgentes para una sociedad que pretenda una mayor capacidad de generar igualdad y progreso social: uno es mejorar la calidad y la eficacia del gasto en enseñanza y, el otro, abordar la lucha contra el paro de larga duración. El Gobierno debería hacer caso, y cuanto antes, al manual de instrucciones que nos presta la OCDE.

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