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El PP, sin coartada

La financiación ilegal del partido en Valencia hunde su escasa credibilidad

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospeal el pasado día 6 de junio en la sede del PP.
Mariano Rajoy y María Dolores de Cospeal el pasado día 6 de junio en la sede del PP. ©GTRESONLINE

La justicia sigue desmontando todos los argumentos tradicionalmente esgrimidos por el Partido Popular para no responsabilizarse de los escándalos de corrupción en los que ha estado implicado. El número de imputados y de condenados ha desbaratado la coartada de que se trataba de casos aislados. Las elevadas condenas de una de las más importantes piezas de la trama Gürtel el pasado 25 de mayo la achacó el PP al pasado en un intento desesperado por mantenerse en el poder contra toda lógica ética y política. El veredicto, ahora, de la Audiencia Nacional contra una de las ramas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana ya no le permite siquiera ese subterfugio. Las campañas del PP para las elecciones locales y autonómicas de 2007 y para las generales de 2008, con Rajoy ya presidente del partido, se doparon con dinero negro, facturas falsas y comisiones ilegales a través de un entramado mafioso comandado por la dirigencia del partido en Valencia.

Los numerosos escándalos acumulados en Madrid y Valencia demuestran que ambas comunidades fueron durante años la caja en la que meter mano. Y si sus líderes nacionales no están directamente implicados en esta nueva sentencia, le incrimina a Mariano Rajoy el apoyo recibido por el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps —crucial para consolidar su liderazgo tras la derrota de 2004— con magníficos actos de campaña que, como ahora se ha confirmado, fueron sufragados de manera ilegal siempre a base de malversar dinero público, enriqueciendo a “los amiguitos del alma” del Grupo Correa, haciendo trampas en las adjudicaciones y, en definitiva, jugando siempre con ventaja en las elecciones.

El lodazal en el que está embarrado el PP puede aumentar. El juez ha aplicado una minoración de penas por colaborar con la justicia a algunos encausados y a los nueve empresarios juzgados. Ello puede servir de “acicate o estímulo” para otros en casos de corrupción, como indica esta sentencia que condena por delito electoral por vez primera a los empresarios. El veredicto cae sobre las tres patas que sostienen a un sistema corrupto: la política, el grupo de Correa y las compañías privadas que se prestaron al fraude. La fiscalía ha abierto, además, una investigación sobre Camps a raíz de los testimonios que en este juicio le situaron en la cúspide de la trama valenciana.

El PP ha hecho un daño inmenso a la democracia española. No solo ha protagonizado hechos penalmente reprochables. La falta de escrúpulos en la defensa de sus intereses ha sido obscena. Los jueces no creyeron verosímil el testimonio de Rajoy y ahora dudan también de la amnesia que el propio Camps y su exvicepresidente Víctor Campos exhibieron en este caso en su calidad de testigos.

El escaso respeto a la justicia de esas presuntas manzanas podridas tiene su correlato general en un partido empeñado en la injerencia judicial y que no duda en tachar de “sentencias políticas” aquellas que le perjudican. Con su indecorosa gestión en lo que a la corrupción propia se refiere, ha erosionado aún más, de paso, la credibilidad de las instituciones y la confianza de los españoles en la política.

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