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Política a sobresaltos

España ha optado por un sistema de partidos que gravitan sobre líderes burocráticos

Pleno del Congreso de los Diputados.
Pleno del Congreso de los Diputados. ©GTRESONLINE

Hay un desorden en el sistema nervioso central de la política española, o sea, en los partidos, que la predispone a sobresaltos y espasmos casi continuos. Las últimas semanas indican la agudización del trastorno. Las direcciones de todos los partidos están sometidas a una tensión insoportable desde que la manifestación del 27 de agosto en Barcelona supuso el punto de no retorno de la insurrección institucional de la Generalitat.

Esta crisis se sumó a dos problemas estructurales. Primero, la tolerancia (o complicidad) de los partidos que han gobernado con redes de corrupción (y captura de empleos) que parasitan sus organizaciones y administraciones. No todo está mal: el aparato judicial y las fuerzas de seguridad funcionan pese a los intentos de cortocircuitar su trabajo. El resultado son sentencias como la del caso Gürtel, el proceso por los ERE en Andalucía, la detención de Zaplana, el ingreso en prisión de una expresidenta de las Cortes Valencianas o los registros en la Diputación de Barcelona, por citar fogonazos de la última semana (¡una semana!).

Segundo, todos los partidos han optado por liderazgos personalistas, anulando los controles internos, es decir, con ejecutivas designadas por los líderes, sin congresos o reuniones de sus parlamentos internos, listas de candidatos compuestas por personas cooptadas por los dirigentes nacionales, regionales o locales, sin afiliados reales. El resultado es que en los partidos no hay alternativa a los líderes, ni dirigentes con ideas propias, no hay posibilidad de pedir explicaciones. O sea, la parálisis: el PP no pudo desembarazarse de Cifuentes hasta que Rajoy lo decidió y soportó que en la Asamblea de Madrid enarbolara documentos sospechosos ya entonces. Hoy, soporta a otro dirigente cuyo expediente académico está en solfa. El PSOE mantiene una portavoz parlamentaria que pone en duda el artículo 127 de la Constitución, que no permite a los jueces afiliarse a los partidos u ocupar cargos políticos. Con un pretexto, los afiliados a Podemos fueron convocados a un plebiscito sobre la pareja dirigente cuyos resultados servirán para imponer una dirección autocrática, algo así como Perón y Evita. El presidente de la Generalitat rinde visita en Berlín al expresidente en una escena que recuerda la de Cámpora a Perón en Madrid. En Ciudadanos, un escorzo llevó a Rivera a envolverse en la bandera nacional. Estas imágenes evocan el peronismo, síntomas de una degeneración que atajamos o acabamos como Italia.

Los partidos están en crisis en todo Occidente, pero no hay otra manera de gestionar una democracia. Por tanto, hay que procurar mejorarlos. El problema es que sus mecanismos internos se han degradado en cuatro décadas de democracia para apuntalar liderazgos burocráticos y sus séquitos. Viejos y nuevos, han pasado de organizar congresos cada uno o dos años a cada tres o ¡cinco!, sus parlamentos internos fueron inutilizados no convocándolos o masificándolos, la selección de cargos internos o públicos se ha convertido en mecánicas de cooptación. A nadie interesa vegetar en sus latosas reuniones. Para disimular, algunos han inventado una relación líder-afiliados que anula cualquier control real. En estos partidos no hay manera de debatir sobre política o el liderazgo de dirigentes desgastados, los mecanismos han sido cegados. Los medios lo han aceptado con naturalidad: informan de rumores y confunden designación o cooptación con elección, tampoco preguntan sobre las reuniones de los parlamentos internos.

No es un problema de una generación de políticos. Son las organizaciones partidarias. Alemania o EE UU regulan su funcionamiento con leyes, Gran Bretaña mediante costumbres insoslayables. En Alemania, la Ley de Partidos (1967) prevé congresos cada dos años (en la CDU, anuales), los candidatos a las elecciones los eligen los afiliados en asambleas de distrito o congresos regionales, prevé la composición de los parlamentos internos para que no sean controlados por las direcciones. El voto de los diputados es secreto para elegir canciller o en mociones de censura o confianza.

España ha optado por partidos que gravitan sobre líderes burocráticos, apuntalados por organizaciones inanes. La reforma institucional imprescindible es una ley de partidos que fije las reglas para la competitividad interna entre dirigentes con proyectos reconocibles, que permita acceder a diputados o a dirigentes con posiciones distintas a sus direcciones, apoyados por sus votos, no por cooptación.

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III.

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