El desplome de Atila
Si no merecen ser creídos por la judicatura, ¿por qué debería creerles la ciudadanía?
Una certificación escalofriante es que la afición por lo ajeno empezó en la sociedad comanditaria PP-Gürtel “al menos desde el año 1989”, según la sentencia.
O sea, que al menos siete años antes de la llegada de José María Aznar al Gobierno, el amigo de su yerno —Francisco Correa— ya andaba en sus corrupciones.
Otro baldón sobre la administración leal del dinero público es que con los 10 millones esquilmados por Eduardo Zaplana a las arcas públicas y que repatrió, y su consiguiente encarcelamiento, ascienden a 12 (de 14) los ministros de Aznar (en 2002) imputados y/o involucrados en casos de corrupción, incluidos sus dos vicepresidentes. Queda en activo, sin tacha, Cristóbal Montoro.
Como en el caso de Atila, allá donde se afincaba el PP de Josemari y de Mariano no crecía la hierba (de la honestidad). Su poder autonómico era una ciénaga. En la Generalitat Valenciana chapotearon Zaplana (en prisión preventiva), José Luis Olivas (condenado) y Paco Camps (investigado). En Baleares, Gabriel Cañellas (sentenciado culpable, pero prescrito) y Jaume Matas (condenado; cumplió prisión). En Madrid, el brusco final de Cristina Cifuentes no tapa que sus tres predecesores populares se hayan visto involucrados —en distinto grado— en escándalos judiciales.
Otra doble conclusión de la sentencia Gürtel ilustra la corrosión sistémica: era “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [el PP]”; era un “auténtico sistema de defraudación del erario público”.
Subrayado: sistema. Un sistema dentro del sistema.
Añadan a eso que los jueces dictaminan que las negativas de Cascos, Arenas... y Rajoy de tener una caja b constituyen un “testimonio” que “no aparece como suficiente verosímil”: el descrédito, el desplome, es total. Si no merecen ser creídos por la judicatura, ¿por qué debería creerles la ciudadanía?
Es el desplome de un partido, no de la democracia española. Igual los demás descubren cómo conciliar sus intereses —dispares, es normal— y así poder eliminar el lastre que la atenaza, cambiar de Gobierno, apelar a los electores. Hay fórmulas.
