Proteger los datos personales

Coincidiendo con el auge de los movimientos feministas, España ha experimentado un incremento en el número de denuncias por agresión sexual. En el primer trimestre del año han aumentado las acusaciones de violación un 28% respecto al mismo periodo de 2017. De 289 casos se ha pasado a 371, un crecimiento que podría estar impulsado también por la pérdida del miedo de las víctimas a la hora de denunciar a los agresores. Para propiciar esa confianza es necesario que las Administraciones garanticen la seguridad de las mujeres y la confidencialidad de sus datos

Por ello resulta injustificable el fallo técnico que ha permitido el acceso al código que facilitaba la descarga de la sentencia íntegra sobre La Manada, dictada el pasado 27 de abril por la Audiencia de Navarra. Este fallo dejó al descubierto en la web del Gobierno foral las referencias personales de la víctima: nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Aprovechando esta grieta, algunos medios de comunicación, portales digitales y cuentas de redes sociales han difundido datos identificativos de la joven, causando así un daño irreparable.

Al margen del flagrante error de la justicia navarra, en Internet se han publicado capturas del vídeo grabado por La Manada en los sanfermines de 2016 mientras cometían la violación. Pese a los esfuerzos realizados en el juicio, celebrado a puerta cerrada para evitar filtraciones, se ha vulnerado la garantía de anonimato y el derecho a la intimidad de la víctima.

Así lo han entendido un centenar de organizaciones, sindicatos y partidos, que han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a fondo la filtración y se depuren reponsabilidades. Al Consejo General del Poder Judicial y a la Agencia Española de Protección de Datos corresponde llegar hasta el fondo para que quienes han difundido información que afecta al derecho fundamental a la privacidad no queden impunes.