La manada

La indignación popular acerca de la agresión sexual cometida, presuntamente, en los sanfermines de 2016 por los cinco hombres que se autodenominaron como La Manada está más que justificada. La sociedad española está tan harta como cansada de una violencia contra las mujeres que no cesa y contra la cual las soluciones parecen siempre tardías o insuficientes.

Ese estado de opinión refleja algo en todo caso esperanzador: que vivimos en un país moderno donde crecen las voces que de ninguna manera toleran el machismo, la misoginia o cualesquiera otras formas de discriminación contra las mujeres. Al respecto, hay que saludar que a raíz de este suceso, numerosos ayuntamientos hayan establecido planes para garantizar la seguridad de las mujeres en las fiestas populares. Estas medidas deben ser evaluadas y, aquellas que demuestren ser eficaces, deben generalizarse e incluir un llamamiento explícito a la colaboración ciudadana para lograr que los festejos se desarrollen sin abusos ni atropellos sexuales como los que se juzgan en este caso.

Al igual que en lo relativo a la violencia de género intentamos superar los clichés del pasado que terminaban por amparar o disculpar socialmente gravísimos crímenes —afirmaciones como, por ejemplo, “son cosas de pareja”—, en el caso de la violencia sexual intentamos superar también tiempos infaustos donde los comentarios, incluso, desgraciadamente, sentencias judiciales, elaboraban indignantes teorías exculpatorias basadas en la no resistencia de las víctimas, lo incitador de sus vestimentas o lo seductor de sus comportamientos.

En ese contexto, que la mayoría de la sociedad española se haya escandalizado por la pretensión de las defensas de algunos de los acusados de construir el camino para la exculpación de sus clientes sobre una estrategia de desacreditar a la víctima basándose en sus comportamientos anteriores o posteriores a los hechos, sea en las redes sociales o en su vida social, está del todo punto justificado. Pretender abrir un potencial camino de exculpación o relativización de la importancia de una agresión sexual en función de estos parámetros nos retrotrae a épocas oscuras que deberían estar más que superadas. La libertad personal y sexual es intrínseca a una sociedad moderna: que algunos la consideren como un atenuante para la comisión de delitos tan graves es tan execrable como retrógrado.

No cuestionamos el derecho a la defensa de los acusados. Tampoco la obligación de los tribunales de operar desde el principio de presunción de inocencia y conceder las máximas garantías procesales a los acusados. Es a los jueces a quien corresponde decidir de qué manera se garantiza un juicio justo e imparcial y qué pruebas se admiten o inadmiten y con qué valor probatorio. Sí que lamentamos, si es el caso, que la estrategia procesal de algunas de las defensas tenga como objeto, en lugar de refutar los hechos, desacreditar y humillar a la víctima. Porque lo que la sociedad espera de la justicia no es que se juzgue el comportamiento y la moral de las personas, sino que establezcan de forma rigurosa y fehaciente los hechos ocurridos aquel 7 de julio, quiénes fueron sus responsables y la calificación penal que corresponde. Para tranquilidad de todos y por un elemental deber de justicia hacia la víctima.