España, menos europea

La cumbre de junio de la Unión Europea (UE) adoptará decisiones de largo alcance para su arquitectura económica. Sobre cómo completar la unión bancaria (cuantía de los recursos; fondo de garantía de depósitos) para reducir los efectos de la próxima crisis financiera que llegará, no sabemos cuándo.

Y sobre cómo dotar al club del euro de los instrumentos necesarios para afrontar mejor otra recesión global: Fondo Monetario Europeo (FME), capacidad presupuestaria de la eurozona, Tesoro con eurobonos, Ministerio de Hacienda común.... Y aliviar así el castigo de las épocas de vacas flacas contra los más vulnerables, los desbancados del crecimiento, los arrinconados de la globalización y del proceso europeo a causa de los choques de impacto diferenciados, asimétricos social y territorialmente.

España sigue siendo, pese a su notable crecimiento económico, muy vulnerable a esos riesgos. Por causa de su deuda, de su modelo productivo desequilibrado, de su extrema dependencia energética, de su debilidad en innovación. Por eso la discusión para profundizar en la Unión Económica y Monetaria es unos de los proyectos europeos que más interesan a nuestro país, y al mismo tiempo es nuestro país uno de los más concernidos en esa apuesta global.

Por eso es sorprendente, y reprobable, que la última contribución del Gobierno al debate rebaje el tradicional nivel de ambición europeísta de España al ralo nivel de los más escépticos y recelosos.

Es además muy inoportuna, ya que la cumbre de junio será la última ocasión en mucho tiempo: luego vendrán las elecciones europeas del verano de 2019, la nueva legislatura y las consiguientes prioridades a la discusión política e institucional, acompañadas del insidioso asunto del Brexit. Nunca se puede decir “ahora o nunca”, pero en este caso, casi.

Con el documento aportado por el nuevo ministro de Economía, España se desgaja de su historial integracionista, caracterizado por un federalismo ambicioso. El presupuesto que se propone es raquítico y residual, no figuran ni el ministro europeo de Finanzas ni el FME, se borran el Tesoro y la Agencia de deuda (eurobonos) común.

Abandona también sus promesas: “Mi Gobierno siempre ha defendido” los eurobonos y el presupuesto común, “no podemos quedarnos a medio camino”, proclamaba el presidente Rajoy en diciembre.

El Gobierno se olvida de sus aliados mediterráneos. Y se niega a completar y reforzar la vanguardia de estos, encabezada en este caso por la Comisión y la Francia macroniana. Con lo que concede ventaja a las restrictivas posiciones de los nórdicos y de una parte sustancial de la clase dirigente alemana, la menos europeísta.

Si la iniciativa lo es a título personal del ministro, sin encomendarse a la tradición, al Gobierno ni al Parlamento -—¿por qué no la presenta ahí?—, se autodesacredita como posición de Estado. Si se pliega al bloque nórdico, lo hace a costa de los intereses nacionales. Y si busca apuntarse a lo que se adivina como el mínimo común denominador resultante final del debate, rebaja su nivel (solo debe cederse tras haber empujado) y trasluce un oportunismo inédito en la historia europea de España desde su acceso en 1986. En cualquiera de las hipótesis, es un desastre inaceptable.