Prohibir y condenar, dos prácticas habituales en Rusia

La liberalidad y la tolerancia no son hoy virtudes del sistema político ruso, marcado por el pensamiento de los órganos policiales y de seguridad. La obsesión por castigar y reprimir se refleja en el campo judicial y legislativo. En el terreno judicial, las sentencias condenatorias han aumentado en los últimos años. Del total de 697.174 delitos juzgados en 2017 en Rusia, 1.563 se resolvieron con la absolución (0,22% del total). En 2013, se juzgaron 735.590 delitos y hubo 4.524 absoluciones (0,62% del total).

La serie de sanciones mutuas entre Rusia y Occidente es un manantial de nuevas prohibiciones. La Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) debatirá el 15 de mayo una ley en respuesta a últimas restricciones estadounidenses, que contempla la prohibición de importar medicamentos de EE UU y de países que se sumen a la política norteamericana en relación a Rusia. En un debate televisivo el vicejefe de la Duma, Petr Tolstói, aconsejó a un politólogo hipertónico que, en vez de tratarse con fármacos extranjeros, lo hiciera con raíces de roble e infusiones de bayas de espino blanco.

Dado que la mayoría de fármacos consumidos en Rusia son de procedencia exterior las críticas a la Duma arrecian y es previsible que las restricciones planeadas por los diputados se rebajen gracias a la intervención más realista de los senadores del Consejo de la Federación (la Cámara Alta).

Puestos a prohibir, la Duma tramita una ley que permitirá a las instituciones oficiales bloquear cualquier contenido en las redes sociales que consideren vejatorio para sí. El afán restrictivo no obstante puede no estar en consonancia con las posibilidades reales. El sistema de mensajería instantánea Telegram, en teoría bloqueado por orden judicial, sigue funcionando, mientras las autoridades se plantean si vetar también a Google. Las responsabilidades por un repost imprudente alarman a los padres obligados a velar para que sus retoños no escriban frases del tipo “te mataré reptil” en Facebook, según Dmitri Marínichev, el Ombudsman de Internet en Rusia.