Ocupaciones y desalojos

El Congreso ha aprobado una vía para acelerar la devolución de las viviendas ocupadas. La proposición de ley (iniciativa de PDeCAT) establece que los propietarios privados, entidades sin ánimo de lucro y propietarias de viviendas sociales podrán reclamar, con la sola demostración de su título de propiedad, la devolución de las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo corto (apenas dos meses, frente a los más de dos años que suponía la norma restitutoria actual). La razón de la celeridad es sencilla: no podrá recurrirse el auto del juez que establezca el desalojo inmediato una vez demostrada la propiedad.

La proposición supone un alivio para aquellas familias que encuentran su vivenda ocupada de forma ilegal por otras personas o familias que, en no pocos casos, carecen de lugar donde vivir. También una manera de luchar contra las mafias que, aprovechándose de la lentitud del sistema judicial, ocupan casas y las realquilan ilegalmente a terceros, a quienes extorsionan.

La supresión del procedimiento judicial es una medida excepcional, que seguramente será efectiva a la hora de facilitar los desalojos. Sin embargo, la proposición de ley solo atiende de una manera genérica una cuestión fundamental: el destino de los desalojados. Tal y como se ha incluido, la posibilidad de reubicación de los expulsados de una vivienda que no les pertenece es papel mojado; no hay viviendas sociales para cubrir toda la demanda y de hecho esa es una de las razones que explican las ocupaciones ilegales.

La ocupación es ilegal y no puede defenderse. Pero la proposición del PDeCAT es una solución parcial. Los procedimientos sumarísimos no son recomendables, salvo como transiciones breves hacia soluciones mejor vertebradas. Que tendrían que incluir, como mínimo, un aumento de la vivienda social de los Ayuntamientos, entre otras cosas para prevenir la ocupación; trámites rápidos de realojo e incentivos para el alquiler social de los pisos vacíos.