Un juez inhabilita a Victorio y Lucchino para administrar empresas
Los diseñadores sevillanos solicitaron el concurso de acreedores en 2013
Los diseñadores sevillanos Victorio y Lucchino no podrán administrar ninguna empresa en los próximos dos años, según adelantaba El Independiente. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha inhabilitado a los modistos aunque no los ha imputado por generar la situación de insolvencia que les hizo solicitar el concurso de acreedores en 2013 para sus empresas V&L Costura, Diseño y Moda S.L. y Patrimonio de Moda S.L.
El juzgado de Sevilla admitió en febrero el concurso voluntario presentado un mes antes por las dos sociedades de los diseñadores. Victorio y Lucchino recurrieron esta medida a raíz de las dificultades económicas de sus sociedades debido a la crisis, que ha afectado de forma muy intensa al sector de la moda. En aquel momento, los sevillanos ratificaron la viabilidad empresarial de la firma y la “pronta satisfacción de sus obligaciones comerciales”, así como la presentación de las nuevas colecciones así como su apuesta por abrirse al mercado internacional. En la resolución, fechada el pasado 18 de abril, el magistrado califica como “culpable” el concurso de acreedores.
El principal reproche que el juez hace a José Víctor Rodríguez Caro (Victorio) y José Luis Medina del Corral (Lucchino) radica en el desorden que presentaban las cuentas de ambas empresas y la diferencia entre el activo y el pasivo declarado en la petición de auxilio judicial y lo que la administración concursal constató después. Los modistos detallaron en 2013 en una entrevista que contaban con un activo de 15 millones de euros y un pasivo de 13,5 millones. La pena de inhabilitación impuesta es la mínima establecida, ya que puede oscilar entre los dos y los 15 años.
En una comunicación oficial, los diseñadores han explicado que la administración concursal determina en su informe que "los administradores solidarios apostaron por una política expansiva y de crecimiento justo antes de un proceso de recesión económica, que impidió que se generasen los flujos de caja necesarios para atender los compromisos adquiridos". Por tanto, según la administración concursal, "no parece imputable a los actuales administradores la generación de la situación de insolvencia, sin perjuicio de que no hayan desempeñado sus cargos con la diligencia debida en cuanto a obligaciones contables o administrativas se refiere".
Ante esta situación, Victorio y Lucchino han reconocido que a pesar de los "intentos y esfuerzos realizados", no han podido realizar "funciones de control y seguimiento". "Aún habiendo tenido grandes estructuras internas y equipos directivos cualificados, nosotros no gozábamos de esa capacitación profesional y técnica", han señalado.
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