Más datos, menos corrupción

Que la corrupción es un problema con enormes costos para los pueblos de las Américas es algo conocido. Las historias de fiscales y jueces que cual superhéroes modernos combaten contra intereses de empresas y gobernantes parecen ser una constante con ribetes de telenovela o serie de Netflix. Pero el problema va más allá de narraciones épicas de moda como las de ‘O mecanismo’. El problema está en que no contamos con sistemas que aseguren la prevención y eventual sanción de los casos.

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La corrupción de nuestros días puede ser sofisticada y transnacional, como lo demuestra el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebretch, o básica, como la suma de sobrecostes en pequeñas obras públicas. Hay casos para todos los gustos y cada uno debe combatirse de manera distinta, pero en todos hay una constante: no se puede controlar lo que no se puede ver. Y sobre lo que pactan gobiernos y empresas aún sabemos muy poco.

En la medida en que la información sobre el uso de lo público sea escasa, opaca, incompleta o indescifrable, cualquier esfuerzo de vigilancia gubernamental o ciudadana se convierte en una tarea titánica. Esto explica que en los últimos cinco años, una nueva generación de periodistas, activistas, personal de gobierno, personas de la academia y un pequeño sector de empresas en varios países de América Latina hayan centrado sus esfuerzos de lucha contra la corrupción en una exigencia: que se liberen datos públicos sobre la actividad de los tres poderes del Estado, incluyendo presupuestos y compras públicas a nivel nacional y local.

Su objetivo es acabar con la opacidad y la asimetría de información que hoy existe entre quienes ejercen control social y quienes son responsables de la ejecución de dineros públicos. Su sueño es que todos los gobiernos de la región publiquen datos relevantes en formato abierto, actualizados, accesibles, completos y que los utilicen no solo para rendir cuentas sino también para tomar decisiones más eficientes y participativas.

Que los datos sean abiertos implica que ustedes y yo podamos reutilizarlos y que a partir de ellos cualquier persona podría diseñar herramientas, reportajes, gráficos o intervenciones callejeras que nos permitan conocer, comprender y vigilar cómo actúan nuestros gobiernos. Buenos ejemplos son la visualización del proyecto PODER de los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las obras bajo la lupa de Ojo con mi pisto en Guatemala y el proyecto Cuidados Intensivos de Ojo Público en Perú, o su reciente proyecto Funes, que se propone desarrollar un algoritmo que ayude a detectar casos de corrupción en el Estado.

Sin datos no existirían esas historias y sin ellas sería muy difícil involucrar a la ciudadanía en el combate contra prácticas corruptas. Sin datos, la Universidad de San Pablo no hubiera podido mapear y entender las redes de corrupción que operan en Brasil desde hace 20 años y no sabríamos que en Perú las obras públicas que fueron objeto de escrutinio público ahorraron hasta 51 % más que aquellas que no fueron controladas de igual forma.

Pero obtener datos públicos no es fácil y a veces resulta peligroso. En Latinoamérica, solo siete países tienen políticas de datos abiertos. Esa cifra debe crecer, pero sobre todo, necesitamos que los datos publicados sean relevantes, que las instituciones públicas operen de forma transparente y que gobiernos, empresas y ciudadanía sepan cómo hacer uso prolífico de los datos liberados, de lo contrario la corrupción se tornaría más visible pero seguiría existiendo.

La corrupción es compleja y exige respuestas acordes a su complejidad. Eso hace valiosa y transformadora la liberación de datos abiertos en sectores clave porque, más que normas, guías y reglamentos, lo que realmente genera es un tejido social –plural, colaborativo y autónomo– que permita monitorear las acciones de gobiernos y empresas para anticipar potenciales casos de corrupción y denunciarlos cuando sucedan.

Reconociendo esto, los jefes de Estado reunidos recientemente en la VIII Cumbre de las Américas incluyeron en el Compromiso de Lima el impulso de un programa de datos abiertos en sectores clave, incluyendo el de las compras públicas. No esperábamos menos. Así lo exige este momento histórico y así lo reclamamos más de 40 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. A través de una declaración pública exigimos más políticas, más datos y más mecanismos de participación social para enfrentar la corrupción y su desproporcionado costo sobre los más vulnerables.

La construcción de ese programa demandará esfuerzo de muchas personas e instituciones. De los tecnócratas que deberán generar mejores insumos y herramientas de control, de la prensa que deberá encontrar nuevas formas de transmitir este fenómeno y de la sociedad que deberá experimentar nuevas formas de participación. Todo acompañado de una tarea compartida y urgente: promover un cambio ético global que cambie la relación entre el dinero y el poder que esté al servicio de un mundo más justo y no del beneficio de unos pocos.