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El concurso

La defensa no está expresamente permitida por la ley; la justicia se limita a sufrirla

Fotograma de un vídeo de las cargas policiales en la Huelga general. 14 de noviembre de 2012, Logroño.
Fotograma de un vídeo de las cargas policiales en la Huelga general. 14 de noviembre de 2012, Logroño.

El 16 de mayo de 2017, la Audiencia Provincial de La Rioja ofreció a Pablo Alberdi, Jorge Merino y un tercer acusado dejarlos sin juicio a cambio de reconocer su culpabilidad y rebajarles la pena para no entrar en prisión. Es el preferible mal acuerdo al buen juicio: un dilema perverso para quien se sabe inocente, pero ve de repente la justicia como un concurso de la televisión en el que puede salir cualquier cosa de la caja. Uno de los acusados prefirió acabar una pesadilla que se prolongaba cinco años; un lustro sin saber si sería preso. Pablo Alberdi y Jorge Merino, militantes de CNT, dijeron que no: preferían ir a la cárcel a reconocer algo que no habían hecho.

El 14 de noviembre de 2012, huelga general, se desataron escenas de violencia en el paseo del Espolón de Logroño. Hubo manifestantes y policías heridos; hubo lanzamientos por parte de los primeros de globos llenos de pintura, hubo cargas por parte de los segundos. Jorge Merino fue detenido por ser “autor material de desórdenes públicos, de atentado con medio peligroso y de lesiones a un agente”. Pero cuando empezaron los disturbios, Merino estaba fichando en el turno de noche de su puesto de trabajo a 60 kilómetros. Merino tuvo una petición de cárcel de siete años, luego de nueve y, finalmente, cuando se supo que no estaba en Logroño, de dos. Los cargos de Merino, ahora acusado de “inducción al atentado” por dar un discurso antes de irse al trabajo, son los que tiene encima Pablo Alberdi, al que piden seis años de cárcel. Fue detenido después de la primera carga, en la que no estaba; en un vídeo de un particular se ve a Pablo después levantando un cartel frente a la Policía, y cómo la Policía se acerca y lo detiene (no huye, como se dijo en un atestado hecho de urgencia y sobre el que se sostuvieron los escritos de acusación posteriores).

Lo que sí hubo son grabaciones íntegras hechas por los funcionarios policiales y que la SUP, el sindicato de los agentes, puso a disposición de la justicia; cuando la defensa las reclamó para poder demostrar que los acusados no habían agredido a nadie, la Policía respondió que había borrado sus propias imágenes. Antes de que las viese nadie (ni fiscalía, ni juez, ni obviamente defensa) y tras considerar que eran “desechables”.

Hay fecha para el juicio: lunes 9 de abril. Ha sido un caso construido sobre la marcha que ha imitado en lo sustancial aquello de Kafka en El proceso: “La defensa no está expresamente permitida por la ley; la justicia se limita a sufrirla y hasta se pregunta si el artículo del código que parece tolerarla, la tolera realmente”.

 

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