Egipto abrirá una línea para denunciar las ‘fake news’

El régimen de Al Sisi pretende externalizar en la ciudadanía su guerra contra la prensa crítica. El fiscal general, Nabil Sadek, anunció el pasado lunes la creación de una hot line para recibir denuncias sobre “noticias falsas y rumores” publicados tanto en medios de comunicación como en las redes sociales. La noticia se produce apenas dos semanas antes de las elecciones presidenciales y en plena campaña de las autoridades contra la prensa independiente en un país que ocupa el tercer puesto del mundo en el ranquin de reporteros encarcelados, con más de una veintena, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Según el comunicado de la Fiscalía, los ciudadanos podrán hacer llegar sus quejas también a través de mensajes de telefonía SMS y de la popular aplicación WhatsApp. En teoría, su objetivo es poner fin a “las noticias falsas premeditadas con el objetivo de minar la seguridad del Estado, aterrorizar a los ciudadanos … o dañar los intereses públicos del Estado.

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El fiscal general, que el mes pasado denunció la existencia de “fuerzas del mal” entre los medios de comunicación, se ha convertido en la punta de lanza de la última ofensiva contra la prensa crítica por parte del régimen. Desde el golpe de Estado militar de 2013 ha cerrado más de una decena de medios entre cadenas de televisión y diarios. Además, en los últimos meses, las autoridades han bloqueado el acceso docenas de páginas de información on line como Madamasr o al-Bidaya.

La actual caza de brujas se desató después de la emisión de un breve documental y reportaje multimedia de la cadena británica BBC titulado La sombra de Egipto sobre las desapariciones forzosas, una práctica ampliamente documentada por las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. El Gobierno no solo calificó de “montaje” el reportaje, hilvanado a partir de las declaraciones de familiares y abogados de las víctimas, sino que instó a todas las fuentes oficiales a boicotear al canal negándose a ofrecerle declaraciones.

La idea de externalizar en la población la persecución de la disidencia, ya sea política o religiosa, no es nueva en Egipto. A menudo, activistas, artistas y políticos son denunciados por particulares cercanos a las autoridades, lo que permite a estas lavarse las manos ante las acusaciones de reprimir a la oposición. De hecho, un ciudadano egipcio ha presentado una querella contra la BBC a raíz del mencionado reportaje, y el 10 de abril tendrá lugar la primera sesión del proceso judicial, que podría llevar al cierre de las oficinas de la prestigiosa cadena en Egipto.