Políticos presos, a la calle

Cada día parece más evidente. Mientras haya políticos electos en prisión preventiva será arduo, si no imposible, que la política catalana —y, por ende, la española— vuelva a la plena normalidad.

Existen, pues, razones políticas poderosas para reclamar que los de Estremera vuelvan a casa. Además, claro está, de las estrictamente jurídicas sustentadas por una sustancial parte de la doctrina, la que enfatiza el argumentario del carácter excepcionalísimo de las medidas cautelares de privación de libertad.

Si todo eso es así, conviene debatir el cómo, el quién y el cuándo. Pues reclamar sin más “al Estado” la liberación de los presuntos “presos políticos” tiene mal sustento democrático.

Ningún Gobierno de esta clase debe (aunque a veces lo pretenda) interferir en la independencia de los jueces. Ni estos pueden colocar las conveniencias políticas por encima de la ley, ni siquiera de su interpretación de la ley, sea certera o errónea.

De modo que no es al Estado ni a la judicatura a los que debe vehicularse esta sensata reclamación colectiva (otra cosa son los recursos individuales de los directamente afectados).

¿Quién mantiene en la cárcel a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis? Aparentemente, el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Lo hace con un argumento, el riesgo de que repitan su presunto delito.

Su supuesta conducta ilícita no consiste, contra lo que dicen muchos indepes, en sustentar “ideas políticas” secesionistas. Esa lectura de los autos es sesgada.

Lo que tratan de evitar las medidas del juez es la “gestión política” de “implementar la república que declararon”, “siguiendo una estrategia contraria a la norma penal”. Es decir, el juez no busca contrarrestar la ilusión de la independencia, sino la actuación concreta de seguir procurándola por vías ilegales.

Hay una manera obvia de mantener las ideas indepes y respetar a un tiempo el Estado de derecho y la independencia judicial. Conseguir que el fugado Carles Puigdemont y la CUP cesen en sus proclamas anticonstitucionales y en su (vigente) plan de “hacer República” ilegalmente, porque es su persistencia lo que permite sostener la persistencia del riesgo de que los encausados persistan en él. Puigdemont: ¡libera ya a Oriol, a Joaquim y a los Jordis!