La propuesta de Urkullu

La diferencia en las formas es más que notable. Ibarretxe presentaba en 2004 su plan como un ejercicio del derecho de autodeterminación que correspondía al “pueblo vasco”, y que el Estado español debía reconocer, abriendo paso a un Estado libre asociado, “comunidad vasca libremente asociada al Estado español”. En cambio, Urkullu cuida bien las palabras, al insistir en que la recién presentada Propuesta de bases y principios para la actualización del autogobierno vascoes algo que concierne a todos los grupos políticos de Euskadi, y que por consiguiente, primero deberá ser discutida y consensuada. Sin olvidar “que sea viable política, legal y jurídicamente”, que tenga “recorrido institucional”. Una actitud que responde a su cautela en el tratamiento de la crisis catalana. Y moderación que, por otra parte, contrasta con las soflamas que en el pasado distinguieran a personajes como Erkoreka y Anasagasti, en la estela de Arzalluz, y que ahora son patrimonio del presidente del PNV. Ortuzar, quien, nada menos, afirma contemplar cómo resurge en España “el espíritu del Cid Campeador”.

Es poco seguro, sin embargo, que el contenido de la propuesta sea susceptible de esa indolora adecuación normativa que sugiere Urkullu. De entrada, no son tranquilizantes las referencias nacionalistas a que estamos ante una iniciativa de “no ruptura” o, en palabras de Ortuzar, de “permanencia condicionada”. El “nuevo estatus”, tal como se presenta, llevaría a sustraer al Tribunal Constitucional toda la problemática del autogobierno vasco, blindar una copiosa serie de competencias, acerca de las cuales en caso de conflicto decidiría una Comisión Mixta del Estado español con el “estatus vasco”, y todo con el telón de fondo del “derecho a decidir”, una autodeterminación encubierta, que corresponde en exclusiva a la comunidad nacional vasca.

Para legitimar la construcción de este “sujeto jurídico-político” —idéntica terminología que en el Plan Ibarretxe—, la Propuesta de bases y principios del PNV dice ampararse en la Constitución. Pero la propuesta se limita a insistir en que “la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos” de los territorios forales. Olvida así, de modo consciente, que ello debe darse inexcusablemente “en el marco legal de la Constitución y de los estatutos de autonomía”. Y ahí no tienen entrada ni el derecho a decidir ni, en consecuencia, la capacidad de la actual comunidad autónoma para dar un revolcón a la legalidad vigente y afirmar de hecho la propia soberanía. No otra cosa es crear una nueva legalidad con el famoso “estatus”, con la bilateralidad simétrica en las relaciones Euskadi-España como consecuencia inmediata. “La relación será de respeto mutuo y de no subordinación”. Aquí las cosas claras.

Sería una bilateralidad totalmente blindada, sin que el Estado pudiera vulnerarla. Responde así a su finalidad: frenar la recentralización supuestamente en curso por el Tribunal Constitucional. Para ir llenando de materias los contenidos propios exclusivos, en las Propuestas concretas reaparecen los fueros, a diferencia de lo que sucedía al principio del texto, porque entonces podría alguien aducir que no estábamos ante las leyes de independencia sabinianas, sino en un régimen sometido a la Corona. Sirve para sumar incluso el Estatuto de 1936. Y por si no bastase, entra en juego a la hora de definir las relaciones, más allá de la disposición adicional, “el principio democrático”, es decir, la voluntad del “pueblo vasco”. Cláusula de cautela: “El Estado español incorporará los compromisos derivados del Estatuto Político a su normativa interna, en orden a garantizar su reconocimiento y respeto”. Hacia el exterior, presencia e intervención vascas se refuerzan al máximo, culminando en la “participación directa en los órganos e instituciones de la Unión Europea” y en la capacidad para establecer “acuerdos internacionales”.

El círculo se cierra con el Concierto Económico, del cual es ignorado su carácter de privilegio que impide racionalizar la financiación autonómica en el conjunto del Estado. Habría que incrementar su “contenido financiero”, propone el PNV. Su “autonomía fiscal” se siente “constreñida”, y los demás, diríamos, cegados por los números que hablan de patente injusticia.

El misterio es cómo piensa el PNV consensuar tal propuesta con los partidos constitucionales y, de paso, resistir las presiones de Bildu, que encuentran en ella sobrados argumentos. Los buenos modos no bastan.

Antonio Elorza es profesor de Ciencia Política.