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El arduo camino de los niños y adolescentes transexuales en España

El reciente suicidio del joven Ekai en Ondarroa vuelve a cuestionar la lentitud del sistema para adaptarse a las necesidades sanitarias, sociales y legales de este colectivo

Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) en recuerdo de Ekai.
Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) en recuerdo de Ekai.

Ekai tenía 16 años, y según quienes le conocían una gran sensibilidad para todo lo relacionado con las artes. Pintaba, dibujaba, sacaba fotos, escribía historias. Y quizá esa misma sensibilidad hizo que no pudiera soportar la espera de que el sistema le reconociera como el chico transexual que en realidad era y que tanto su familia como su entorno – y no siempre sucede así – aceptaban y querían. Había transcurrido un año desde que lo hiciera público, pero no consiguió en ese tiempo iniciar su tratamiento en el hospital de Cruces, a lo que tenía derecho por un doble motivo: porque la ley en Euskadi así lo garantiza y porque la mayoría de edad sanitaria, 16 años, le otorgaba ya capacidad legal para decidir su tratamiento. Pero la angustia y la incertidumbre fueron demasiado grandes y Ekai se rindió el pasado 15 de febrero. Su padre, Elexar Lersund, difundió una carta abierta a modo de despedida: “Sé que tu ida no será en vano y, como tú decías una y mil veces, en muchas cosas, que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás”.

Como aún sucede en muchas de las comunidades españolas, la norma legal vigente en el País Vasco exige el filtro de un diagnóstico médico previo al inicio de cualquier tratamiento. Para Natalia Aventín, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, que agrupa a unas 600 familias, uno de los principales problemas es que se sigue considerando la transexualidad como una patología a tratar: “En Euskadi aún se pasa por un filtro de psicólogos. La primera entrevista la hacen en una sala con uno que pregunta, otro que apunta y un psiquiatra que observa. Es muy intimidatorio… Hacen una valoración para asegurarse de que no existe ningún otro tipo de trastorno, como si tu identidad tuviera algo que ver con que tengas o no una enfermedad mental”. “Debe de haber un apoyo especializado de psicólogos, endocrinos, urólogos, ginecólogos… pero no porque sea obligatorio pasar por ellos, si no para que podamos acceder a ellos como cualquier otra persona, si lo necesitamos”, sostiene Mané Fernandez, portavoz de Transexualidad de la FELGTB.

Ekai.
Ekai.

“En general, los menores tienen acceso a los tratamientos hormonales en todo el Estado, aunque en algunos sitios con más dificultades que en otros”, dice Aventín. “Depende de la edad de quien lo solicita, ya que no es lo mismo 13 (edad pediátrica) que 17, pero también de la comunidad autónoma donde te encuentres y del profesional que te atienda. Es muy arbitrario”. Mientras que este acceso es más sencillo en Andalucía, Aragón, Cataluña y Madrid, por ejemplo, en las comunidades de Euskadi, Castilla y León y Castilla-La Mancha “las estructuras no están preparadas o funcionan con prejuicios”. Algo similar sucede en Baleares, donde “hay una ley integral pero mucha resistencia médica. Buscan establecer filtros, más ideológicos que de salud, que dificultan el acceso al tratamiento porque les incomoda. ¿Para estar seguros, por si se arrepienten? Como si las familias quisiéramos medicar a nuestros hijos así como así… No es ni medio normal”. Como resultado, unas diferencias de acceso que hacen que “en algunos lugares tengan tratamientos al día siguiente y en otros hayan de esperar un año, que es lo que le pasó a Ekai”.

Las consecuencias de retrasar el acceso a este tratamiento son tanto físicas como emocionales, ya que si no se suministran bloqueadores hormonales antes de la aparición de la pubertad, se desarrollarán los caracteres sexuales secundarios (crecimiento de los pechos, aparición de la barba, la nuez, el timbre de la voz, ensanchamiento de la mandíbula…), causando un nivel de autoestima muy bajo en el menor y rechazo social, porque la gente no entiende que con esos rasgos sientas una identidad que para ellos resulta discordante. La búsqueda de un reconocimiento social y de autoaceptación lleva precisamente a una presión social ante la que los menores están peor preparados que los adultos. “La gente se echaba las manos a la cabeza por aquella polémica del autobús con el eslogan: Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Pero luego ese es el mensaje que mi hijo lleva escuchando en las escuelas toda la vida; es mucha hipocresía”, comenta Aventín.

Varias son las comunidades que han desarrollado leyes integrales trans: Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que otras las están tramitando o lo harán en breve: La Rioja, Asturias (que presentará la ley integral el próximo 15 de marzo) y Aragón (cuyo proyecto de ley está en las Cortes y que desde hace un año tiene en funcionamiento instrucciones sanitarias). Otras comunidades tienen leyes integrales para el colectivo LGTBI que regulan los derechos de las personas transexuales, como Navarra. Pero incluso entre aquellas con un marco legal más avanzado, la situación real es muy heterogénea. Andalucía fue pionera en España al aprobar en 2014 una ley específica que reconocía las mayores reivindicaciones del colectivo: la despatologización de la transexualidad (que recogerá finalmente la OMS el próximo mes de mayo), el derecho a la libre autodeterminación de género y la cercanía del tratamiento.

Como describe Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans: “Cerca de 1300 personas están siendo atendidas en sus propias provincias; la puerta de entrada es la atención primaria, y los tratamientos hormonales los prescribe el endocrino de cada provincia. Los menores acuden al pediatra, que los deriva al endocrino pediátrico”. Madrid, por su parte, posee una ley integral de transexualidad desde abril de 2016, pero muchos de sus aspectos no se están aplicando, como indica Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid: “El protocolo sobre la identidad de género en los colegios (sobre el uso del baño, que puedan ser llamados por su nombre y sexo sentido aún sin haber cambiado su documentación) no se ha implementado. Tampoco el cambio de datos en la tarjeta sanitaria, que ni se ha hecho ni se quiere hacer. La ley también garantiza que puedan ser atendidos en proximidad, pero hay médicos que se niegan a atenderlos si no vienen derivados de la unidad de identidad de género del Ramón y Cajal”. Para los menores y sus familias, eso sí, se ha creado un área en el hospital de La Paz “donde se hace una labor de acompañamiento y no de patologización de la transexualidad, tal y como marca la ley”.

“Hace falta una ley estatal de obligado cumplimiento, para que determinadas comunidades no puedan seguir mirando para otro lado”, dice Fernández. Algo que está ya en manos del Congreso de los Diputados, que tramitará en los próximos meses hasta tres iniciativas parlamentarias diferentes. La primera reformará la ley aprobada en 2007 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, “despatologizando la transexualidad y eliminando cualquier otro requisito que no sea la autodeterminación de la persona, el poder cambiar libremente los datos del registro (por sí mismos si tienen al menos 16 años y junto a padres o tutores si son menores) y que las personas de nacionalidad extranjera puedan registrarse con el sexo sentido”, comenta Antonelli, que se lamenta de los continuos retrasos que está sufriendo en su tramitación. Las otras dos iniciativas son un proyecto de ley integral para el colectivo LGTBI, en proceso de enmiendas, y otro impulsado por la Plataforma para los Derechos Trans que Unidos Podemos registrará este viernes, 23 de febrero.

“Uno de los puntos importantes [de la futura ley LGTBI] es el relativo al acoso escolar, con un protocolo a nivel nacional y que se trabaje sobre la diversidad sexual en las aulas”, dice Fernández. “Nuestros menores necesitan saber que no están solos ni son bichos raros, para que puedan desarrollarse y vivir con la misma libertad que sus compañeros, sin miedo ni temor”. Y Aventín recuerda a quienes no gozan de apoyo familiar ni educativo, “que han recibido palizas en casa e incluso les han echado. Los organismos de protección de la infancia han de garantizar que aquellas personas que no están siendo aceptadas por sus familias y que se ven excluidas del sistema educativo (y por tanto del laboral) gocen de una protección especial”.

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