Las “guardes” públicas y la conciliación

El 8 de marzo volverán a escucharse reivindicaciones legítimas por parte de las mujeres, que ambicionan con razón un trato igualitario en todas las dimensiones del ámbito laboral, incluyendo la protección contra los abusos o la reducción de la brecha salarial. Pero también demandan conciliación, mediante fórmulas que no disuadan la natalidad y no afecten a su carrera de cotización, de partida más corta y desigual.

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Una de las asignaturas pendientes para conciliar está en la deficiente oferta de plazas de guarderías donde dejar a los niños para que sus padres puedan trabajar. Solo 37 de cada 100 niños de cero a dos años están escolarizados en la llamada educación infantil de primer ciclo, repartidos por igual entre centros públicos y privados, según los últimos datos del Ministerio de Educación del curso 2016-17 cruzados con el censo del INE. Las diferencias regionales son llamativas. En el primer caso oscilan desde el 13% en Canarias y en torno al 50% en Madrid o el País Vasco. Además, la tasa de escolarización temprana de las familias más pobres es significativamente inferior al de las más ricas.

El esfuerzo de las autoridades educativas es palpable: la escolarización en centros públicos ha subido del 3,5% en el 2000 al 19% actualmente. Además, en 13 de las 17 comunidades autónomas hay más plazas de guardería en centros públicos que privados. Sin embargo, la situación es claramente mejorable, ya que en cinco de ellas (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y los archipiélagos) solo 15 de cada 100 niños tienen plaza en centro público y apenas 4 en Canarias. Además, hay mucho trecho que recorrer en la provisión "indirecta", mediante incentivos fiscales que ayuden a las familias a pagar la guardería, en especial cuando no hay centros o plazas públicas disponibles en su localidad.

La escasa y dispar provisión de plazas en guarderías públicas ayuda a explicar la falta de oportunidades para conciliar de los padres y, aún más importante, las oportunidades de los propios niños. La evidencia empírica, recopilada durante años por el Premio Nobel de Economía James Heckman, es clara: la educación temprana está muy relacionada con el desarrollo cognitivo de los niños y tiene otros muchos beneficios sociales y económicos colaterales a lo largo de la vida, en los resultados educativos, la salud, el empleo, la delincuencia o el abandono escolar. Y, por si fuera poco, beneficia más a los más desfavorecidos.

La consecuencia para la formulación de políticas es igualmente clara: los persistentes efectos positivos y la igualación de oportunidades entre los niños justifican extender y subvencionar la educación temprana. La rentabilidad social de esta inversión a corto y largo plazo es tal que sería un verdadero desperdicio no llevarla a cabo.

Todo ello conduce a la misma conclusión: sobran las razones para que las autoridades aumenten los incentivos a la escolarización temprana. La administración debería tomar nota de ello y empezar también a evaluar su calidad. Mientras tanto, al menos, los padres –y sobre todo las madres, por desgracia- tendrán más posibilidades de conciliar.

Fernando Gutiérrez del Arroyo es economista en Solchaga Recio & Asociados.