España y sus jueces europeos

El nombramiento de un nuevo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha levantado un gran revuelo, tras conocerse que el llamado “candidato del Gobierno”, nada menos que un antiguo presidente del Tribunal Constitucional, había sido calificado en último lugar al someterse al escrutinio del comité de expertos del Consejo de Europa. A continuación, la elección de una candidata cuyas opiniones personales sobre los derechos de los homosexuales y de los transexuales han visto la luz pública, ha provocado un escándalo mayúsculo cuyo desenlace es aún incierto.

Con independencia del resultado del nombramiento, lo cierto es que el sistema de selección de jueces europeos vigente en España es mejorable y es previsible que, de no hacer nada al respecto, la situación se deteriore progresivamente con el paso del tiempo.

Al tratarse de tribunales internacionales, se venía aceptando que estos nombramientos corresponden al Gobierno, el cual, con total discrecionalidad y en el ejercicio de su competencia en política exterior, ha propuesto candidatos sin someterlos al escrutinio del Parlamento. Este sistema ha funcionado hasta la fecha razonablemente, en la medida en que los tribunales internacionales se han caracterizado siempre por una impronta fuertemente técnica, lo que ha justificado el nombramiento de expertos en Derecho Internacional o Derecho Público, generalmente ajenos a la contienda política. Así se explica que España haya contado con brillantes juristas en los tribunales europeos, como fue el caso de Eduardo García de Enterría, Dámaso Ruiz-Jarabo, Gil Carlos Rodríguez Iglesias o Pedro Cruz Villalón.

Sin embargo, la destacadísima relevancia que han adquirido en los últimos años los tribunales europeos en la vida de los ciudadanos los han convertido en un objetivo del máximo interés para partidos políticos y grupos de interés. No hay más que repasar la crónica judicial europea del último año para darse cuenta de los asuntos vitales que se resuelven en las instancias judiciales europeas. La relevancia e impacto de las decisiones de estos tribunales irá en aumento en los años venideros. A medida que los partidos políticos, las facciones dentro de ellos o los colectivos profesionales peleen cada vez con más dureza por un nombramiento judicial europeo, las escaramuzas y la consiguiente erosión de la imagen internacional de España están asegurados.

Los nombramientos puramente discrecionales a cargo del Gobierno sólo nos van a traer más desafortunadas y tristes escenas como las vividas estos días

En los últimos años, el Gobierno, presionado por las instituciones europeas, se ha visto obligado a organizar una especie de proceso de selección de los jueces españoles en los tribunales europeos. Este proceso no es realmente competitivo ni tiene valor alguno, pues la decisión de la preselección, así como la decisión final, sigue siendo gubernamental.

Lo que necesitamos es un sistema de selección al estilo holandés, checo o británico, donde un comité plural, compuesto por diputados, jueces, altos funcionarios y representantes de la sociedad civil, participa colegiadamente y con toda transparencia en la selección de un candidato o candidata competente, profesional, independiente y con un excelente dominio de las complejas materias que va a tener que afrontar, así como de los idiomas. No es casualidad que los países que han optado por estos procedimientos han elegido sistemáticamente, sin excepción y durante décadas, a magníficos jueces, de un gran prestigio e independencia de criterio. Al final son estos jueces los que, gracias a su prestigio e independencia, influyen más decisivamente en un tribunal europeo.

España ha contado, y cuenta aún, con excelentes jueces en Europa. Sin embargo, el hecho de que nuestra trayectoria haya sido positiva no es ninguna garantía de que continuemos en esa misma estela en el futuro. El rocambolesco proceso vivido estos últimos días, al que habría que añadir (conviene no olvidarlo) un recurso previo ante el Tribunal Supremo que anuló la primera terna de candidatos preparada por el Gobierno, es sólo un ejemplo de los conflictos y del daño institucional que un mal procedimiento puede infligir en la imagen y reputación de nuestro país en jurisdicciones fundamentales para nuestros intereses. Esperemos que nuestros políticos reflexionen sobre ello en lugar de tirarse los trastos a la cabeza, y tengan la suficiente altura de miras para dar con un sistema transparente, meritocrático y representativo, que nos permita contar siempre, sin excepción, con los mejores jueces en Europa.

Daniel Sarmiento es profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Complutense y antiguo letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.