Cataluña, libre

Las elecciones que hoy se celebran en Cataluña deben constituir un hito clave de su paulatina normalización. Se trata de una elección autonómica que otorgará legitimidad a una nueva formación del Parlament para una legislatura de cuatro años, así como al Govern que de él salga para que ejerza las funciones canónicas de todo Gobierno de la Generalitat.

Es todo eso una apelación al mecanismo clave de la democracia, las urnas dispuestas de forma legal según el Estado de derecho. Y a sus dueños en última instancia, los ciudadanos, para que marquen el rumbo de su futuro inmediato, en unos momentos particularmente complejos.

Pero para nada es más que eso, ni nada diferente de eso: no es un camino de vuelta a la inseguridad jurídica; ni el retorno a la sistemática violación del ordenamiento democrático; ni la confirmación de ninguna separación, ni de régimen alternativo ninguno; ni la reposición de una autoridad anterior que conservase su cargo por un milagroso derecho divino o autohereditario.

El atentado parlamentario propinado el 6 y 7 de septiembre contra el Estatut y la Constitución por unas leyes golpistas carentes de base jurídica y orquestadas por unas autoridades sin competencia ni legitimidad para ello fue ya revertido por el Tribunal Constitucional, que las suspendió.

La consecuente intervención puntual del autogobierno fue el segundo paso en el reencauzamiento de la normalidad subvertida. Una intervención que se ha limitado prudentemente a fijar con todas las de la ley la convocatoria de hoy, en la exacta medida en la que el último president rehuyó su responsabilidad de convocar, tal como se había comprometido a hacer ante su propio Govern, se desdijo y se fugó.

Otros casos de intervención de un autogobierno territorial se han producido en la Europa democrática, particularmente en Reino Unido y en cierta forma —por descarte y desuso— en Italia tras la proclamación de la República Padana a mitad de los años noventa. De modo que es estrictamente falsa la cantinela victimista de que esto sucede por vez primera y que se trata de un mecanismo extraño y abusivo.

Como falsa es la queja de que un Ejecutivo haya sido encarcelado por otro, algo que sería inédito. No ha sido así, fue la judicatura quien procesó a ciertos dirigentes por conductas presuntamente delictivas y dictó prisión provisional cautelar a cuatro de ellos (no a todos). Lo que sí ha sucedido por vez primera en Europa es que un Gobierno regional —en el caso de Cataluña, con las más altas cotas de autonomía— se alzase contra la propia legalidad democrática que lo sustentaba. Sin ese antecedente ilegal no habría habido ninguna consecuencia requerida por la necesidad de restaurar la legalidad truncada.

Las tareas urgentes del nuevo Parlament, el nuevo Govern y el nuevo president serán restañar la fractura social, reflotar la economía y restaurar la confianza, maltrecha por la ruptura de la seguridad jurídica. Les corresponde ahora a los ciudadanos acudir a las urnas, en el mayor número posible y teniendo en consideración que para recuperar la normalidad y asegurar esta Cataluña libre de pesadillas rupturistas no son los más indicados quienes provocaron el caos, sino los respetuosos del orden constitucional y estatutario. Del tino de esta elección dependerá su rápida realización, así como el muy deseable retorno de Cataluña a su histórico papel de locomotora económica, movilizador autonómico y modernizador de España. Algo que, desafortunadamente, no está asegurado en estos momentos: depende en gran medida del comportamiento hoy de los votantes.