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Peligroso precedente

La UE no ha de ceder ante los países que han boicoteado la política de reparto de refugiados y ahora la declaran fracasada

Donald Tusk saluda a la canciller Angela Merkel en la cumbre de Jefes de Estado.
Donald Tusk saluda a la canciller Angela Merkel en la cumbre de Jefes de Estado. AFP

Dos años después de que estallara la crisis migratoria, la gestión del asilo no solo sigue dividiendo a Europa sino que se ha convertido en una prueba de fuego sobre su cohesión interna. Depende de cómo se solucione este reto, puede sentarse un nefasto precedente. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se inició el jueves bajo el síndrome del malestar creado por la carta previa del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, en la que afirmaba que la política de cuotas obligatorias para el reparto de refugiados acordada había fracasado y abogaba por enterrarla y abordar un nuevo enfoque basado en la voluntariedad.

Tusk se alineaba así con una de las dos posiciones que existen: la del bloque encabezado por Alemania, que exige una respuesta solidaria entre todos los países, y la del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) que están dispuestos a pagar, pero en absoluto a acoger refugiados, lo que revela la raíz xenófoba de este planteamiento. En un gesto desafiante, los cuatro países anunciaron antes de la cumbre una donación conjunta de 35 millones de euros para ayudar a contener la inmigración en Libia, pero se mantuvieron inflexibles en su rechazo de las cuotas de refugiados acordadas.

A nadie se le escapa la perversidad de esta posición: son precisamente los países que proclaman el fracaso de la política de cuotas quienes, con su negativa a cumplir el acuerdo, la han hecho fracasar. En adelante, cualquier decisión estará en peligro: bastará con que dos o tres países acuerden incumplirlo para poder exigir después su derogación alegando que ha fracasado. Un precedente así erosionaría gravemente los mecanismos de decisión. Por eso la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros mandatarios insistieron, con toda la razón, en que el problema de los refugiados no es una cuestión de chequeras, sino de solidaridad, tanto externa como interna. Los jefes de Estado se han dado un plazo de seis meses para encontrar una salida que no debería ser otra que el alumbramiento de una política común de asilo vinculante para todos.

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