Politización del arte

La politización que ha marcado el traslado desde Lleida de las obras pertenecientes al monasterio de Sijena, en Aragón, y, sobre todo, la manipulación que los líderes independentistas han hecho de este asunto es un ejemplo perfecto de lo que no debe ocurrir en cuestiones artísticas, culturales e históricas. Y al mismo tiempo una descarada exhibición de hasta dónde están dispuestos a llegar los independentistas en las fórmulas de victimización a las que se han acostumbrado en su relato paralelo de la realidad.

Desde Bruselas, el expresident Puigdemont atribuyó ayer a un “golpe de Estado para expoliar Cataluña” la actuación de técnicos del Gobierno de Aragón y Guardia Civil para recuperar las 44 obras del tesoro de Sijena. Líderes de la CUP, ERC y organizaciones independentistas apelaron a una movilización popular para impedir ese traslado, que ayer se estrelló contra la firmeza de los Mossos de Esquadra. Y hasta el director de Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat en Lleida, Josep Borrell, amenazó a los aragoneses que viven en la zona limítrofe con Cataluña con que podrían dejar de recibir asistencia sanitaria en represalia. “Podría ser que nos lo repensáramos”, aseguró, en una admonición intolerable en un Estado de convivencia democrática.

En principio, todo es, y debería ser, bastante más sencillo: la Audiencia Provincial de Huesca confirmó el 30 de noviembre la sentencia de un juzgado que en 2015 ordenó el traslado de las piezas al anularse los contratos de venta que las monjas realizaron sin ponerlos en conocimiento de las autoridades de Aragón y de Cultura, como mandan las leyes de patrimonio. En esta ocasión, además, la manipulación independentista ha quedado al desnudo, pues la propia Generalitat de Cataluña obedeció en 2016 y entregó a Aragón el primer lote de las piezas reclamadas, las 51 que estaban en el MNAC. La segunda entrega, la de estas 44 piezas que desde ayer descansan en Aragón —a excepción de una que no ha sido hallada—, fue paralizada por el Govern una vez decidida, y ha necesitado la resolución de un recurso judicial y el apoyo policial para seguir su curso. La Generalitat aún puede recurrir hasta llegar al Supremo y revertir la situación si le acompaña la razón.

Cataluña contó con el apoyo de la mayor parte de instituciones y la sociedad democrática para recuperar los papeles de Salamanca, esquilmados en la Guerra Civil, y sería de justicia que cumpliera con la misma lealtad institucional con la recuperación por parte de Aragón de un patrimonio catalogado como monumento nacional en 1923 y que la justicia considera indivisible. Aquello fue arrebatado a Aragón con la connivencia de la Diócesis de Lleida (a la que pertenecía ese monasterio hasta 1995), del Vaticano y la Generalitat, y es el Gobierno independentista de Cataluña el que ha decidido politizar esta causa en los últimos años para adjudicarse un patrimonio que no le pertenece, y no lo contrario. Frente a las tentaciones de desmarque en las que está cayendo el propio PSC en contra del traslado, los partidos que apoyan la legalidad no deberían escatimar en la defensa del cumplimiento de una sentencia judicial. Es la única manera de que funcione democráticamente un país.