Buen Brexit para la UE

El principio de acuerdo sobre el Brexit —la retirada que perjudicará a todos— es muy positivo para la Unión Europea. Sus negociadores, encabezados por Michel Barnier, han conseguido garantizar la máxima continuidad en los derechos civiles y sociales de sus ciudadanos residentes en Reino Unido y de sus familias.

Se han asegurado de que la retirada británica no dañe la intercomunicación del Ulster con la República de Irlanda, lo que perjudicaría a esta y retrotraería la situación a los años de plomo del terrorismo, previos a los Acuerdos del Vienes Santo. Y han hecho el pleno en la fijación de la factura financiera que Londres deberá abonar por marcharse, por los gastos comprometidos pendientes y por los proyectos a medio realizar, en una cantidad neta que oscilará entre 45.000 millones de euros y 60.000, su cálculo inicial.

De modo que aunque la futura pérdida de un socio clave del club comunitario no sea una buena noticia, sí lo es que al menos se marche dejando las cosas ordenadas para los más afectados, con suficientes garantías jurisdiccionales, y habiendo sufragado sus obligaciones.

Sin embargo, no parece que el negociador británico, David Davis, pueda sentirse satisfecho de este pacto inicial. Que se explica en buena parte por la extrema vulnerabilidad parlamentaria, la escasa envergadura intelectual y la fragmentación política del Gobierno al que pertenece.

Donde el clan del Brexit prometía a los suyos libertad para prescindir de los otros europeos afincados en la isla, ha tenido que aceptar la vigencia eterna de la actual legislación comunitaria para los residentes continentales en su territorio. Y lo que es de digestión aún más pesada: la encomienda de todos los posibles litigios al Tribunal de Justicia de la UE, hasta la fecha de retirada; y el deber de sus jueces domésticos de respetar las resoluciones de Luxemburgo al respecto, después.

Donde (los complementarios) Nigel Farage y Boris Johnson aseguraban que la salida de Europa beneficiaría al reino con 18.200 millones de euros al año (al contar el final de la contribución británica solo bruta, de 350 millones semanales, sin estimar el retorno de los subsidios y proyectos europeos en su territorio), se verán en la tesitura de decir la verdad: deberán pagar más de 45.000 millones, confirmando que engañaron a sus electores, a los que prometieron un balance positivo.

Y donde la primera ministra Theresa May apostaba por salir del mercado interior y la unión aduanera en un Brexit duro (“Brexit is Brexit”, decía, tautológica), se obliga ahora —para mantener al Ulster en su seno— a una frontera virtual. Que de facto supone una permeabilidad enorme, si no total, con el mercado interior europeo.

Es de desear que el Consejo Europeo asuma este acuerdo la próxima semana y se inicien cuanto antes las negociaciones para la fase final, y por ello siempre más difícil, del pacto: el diseño de un nuevo estatuto bilateral. Si los parlamentarios y ciudadanos británicos se percatan de que lo acordado será siempre peor de lo que ya disponían (por ejemplo, la facultad cosoberana de legislar), tendrán una oportunidad de oro: jubilar a sus dirigentes y quedarse en la Unión, que es su casa natural.