¿Vivimos en un estado de derecho o en un mundo de privilegios?

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“La política siempre significará más cosas para los pobres”. Así se expresa uno de los personajes de la novela de Caitly Moran, Cómo se hace una chica, hablando de prestaciones sociales, política y pobreza. La gran diferencia entre los ricos y los pobres es que, aunque las políticas puedan afectar a los ricos en menor o mayor medida a su capacidad adquisitiva e incluso a aspectos importantes de la vida, su acceso a derechos basicos no va a cambiar de manera decisiva. O, como explica la protagonista del libro de Moran, perder un 11% en prestaciones no es mucho, pero cuando eres muy pobre “el 11% significa tener que elegir entre electricidad o comida”.

El pasado 21 de febrero Michail Beis, coordinador de la red de investigación de la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) presentó en Madrid el Informe 2017, en el que participan expertos independientes de cada uno de los Estados miembros y que este año lleva el título Entre las promesas y la realidad: una década de derechos fundamentales en la UE. Un informe lleno de políticas, planes estratégicos, buenas prácticas y decisiones jurisprudenciales capaces de cambiar la vida de las personas; y a partir de las cuales la FRA analiza la labor de los Estados miembros de la UE en la protección de los derechos fundamentales durante el año 2016.

Tal y como sugiere su título, una de las principales conclusiones del informe 2017 es que persisten profundas brechas en la aplicación de los derechos fundamentales.  Durante la presentación del informe, su coordinador alertó de la necesidad de aumentar las campañas públicas de concienciación entre la ciudadanía para “poner cara a los derechos”. Mejorar la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio y atajar la exclusión y la pobreza en la infancia son también algunas de las necesidades identificadas por el informe. “Casi el 27% de los menores de edad en la Unión Europea está en riesgo de pobreza y exclusión social” y, tal y como afirmó Beis, “los Estados Miembros no están poniendo suficiente atención sobre este asunto.”

El informe de la FRA hace también especial hincapié en la situación de los migrantes y refugiados en Europa, para quienes según esta investigación sigue siendo una ilusión poder acceder a Europa mediante vías seguras. Además, la FRA sugiere que los Estados miembros no deberían adoptar legislación que pudiera obstaculizar la reagrupación familiar de las personas beneficiarias de protección internacional; e insiste en la necesidad de garantizar a los niños y niñas refugiados una educación inclusiva y equitativa en las comunidades educativas y locales.

Los niños son tratados por el sistema antes como extranjeros que como menores de edad

En España, los datos recogidos para este informe anual de la FRA no son más alentadores que en el resto de los Estados miembros. Las “devoluciones en caliente” —declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, el uso de perfiles étnicos para la identificación en calle o la ausencia de un organismo independiente y de seguimiento de igualdad de trato y no discriminación, tal y como exige el Derecho de la Unión Europea, son solo algunos de los principales retos para mejorar la lucha efectiva contra el racismo y la discriminación.

Además, en palabras de Unicef, casi un 40 % de la población infantil sufre pobreza “anclada” en España; y los niños y niñas extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país son tratados por el sistema antes como extranjeros que protegidos como personas menores de edad.

Por último, aún queda un largo camino por recorrer para hacer realidad los derechos de las víctimas de delitos; y urge también en este sentido la puesta en marcha del Pacto de Estado en materia de violencia de género para incluir por fin en nuestro ordenamiento el concepto de violencia de género del Convenio de Estambul que abarca todos los actos de violencia basados en el género que puedan implicar un daño para la vida de las mujeres.

Todos estos derechos, y especialmente el acceso a una vivienda digna y disponer de recursos económicos suficientes, constituyen los pilares fundamentales para garantizar cualquier proyecto vital. El acceso a estos derechos en igualdad de condiciones supone la diferencia entre una sociedad basada en derechos y un mundo de privilegios. Además, en el caso de las personas migrantes y refugiadas, sus posibilidades de participar de manera igualitaria en la sociedad pasan por disponer de una situación administrativa regular. Por ello, las medidas encaminadas a paliar la desigualdad de estas personas pasan inevitablemente por tomarnos en serio también esta premisa.

María José Castaño Reyero es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y miembro del equipo español para en el proyecto FRANET.