En defensa de Barcelona
Los jefes de Estado pueden refrendar el lunes su confianza en el Gobierno español asignando la Agencia del Medicamento a la capital catalana
El próximo lunes, los jefes de Gobierno de los países de la UE elegirán la ciudad que debe albergar la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) cuando esta abandone Londres. La agencia se encarga de evaluar y aprobar los fármacos de uso humano y animal, y además del millar de empleados que garantizan su funcionamiento, en su traslado la acompañarán cientos de empresas relacionadas con el sector.
El Gobierno de España presentó en mayo pasado la candidatura de Barcelona, que figura entre las mejores opciones para ubicar la sede. La capital catalana es un importante polo económico y científico con excelentes conexiones con Europa. Concentra un potente sector farmacéutico y biomédico que permitirá mantener y reforzar el alto nivel técnico de la EMA. La ciudad, a la que se recuerda por organizar uno de los mejores Juegos Olímpicos de la historia, ha mostrado una gran capacidad para atraer y retener talento procedente de todo el mundo. Es una metrópoli cosmopolita y, tanto por su clima como por su dinamismo cultural, es un destino que los propios trabajadores de la agencia han valorado situándola como su favorita.
En la decisión que adopten los jefes de Estado no deberían contar los acontecimientos que ha vivido la ciudad en los últimos meses. En primer lugar, porque las pretensiones de una independencia unilateral de Cataluña han quedado claramente derrotadas y el Estado ha demostrado su capacidad para hacer valer, como no podía ser de otra manera, el orden constitucional. La situación está perfectamente encauzada con la convocatoria de unas elecciones democráticas que devolverán a Cataluña la estabilidad que todos ansían.
Una prueba de esa voluntad de estabilidad es que las tres instituciones implicadas han sido capaces de orillar sus diferencias para apoyar sin fisuras la candidatura. Los jefes de Estado pueden refrendar el lunes su confianza en la capacidad del Gobierno español valorando la candidatura de Barcelona en función de sus méritos objetivos, con la seguridad de que si la eligen, no se equivocarán.
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