Renta básica a debate

Hay razones para defender un debate serio sobre la conveniencia de aprobar en España un modelo de renta básica. La crisis financiera y la prolongada recesión han causado daños graves en el bienestar social y en el mercado laboral.

Sin ánimo de exhaustividad, hay que recordar que en España hay 3,3 millones de contratos de menos de siete días de duración; que España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha aumentado la tasa de ciudadanos con riesgo de pobreza y exclusión social y está creciendo el número de inactivos (unos 300.000 en 2016). El salario medio ha vuelto a descender (datos de 2016) y la tasa de rotación y temporalidad es desmesuradamente alta. Un ciudadano con empleo no tiene garantizado hoy que no caerá por debajo del umbral de pobreza. Estas no son las condiciones adecuadas para mantener un bienestar adecuado ni para sostener una recuperación prolongada.

Los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) indican que una renta básica en España costaría entre 6.000 millones y 15.300 millones a los Presupuestos. El coste estaría en función del número de ciudadanos o de familias que se pretende proteger de forma específica: desempleados de larga duración y jóvenes sin empleo o sin expectativas de tenerlo o, si se orienta de ese modo, familias a las que no llega una cantidad de ingresos mínimos para su supervivencia. El debate es complejo. Una renta básica tiene que calcular con cierta exactitud el coste de oportunidad; en ningún caso puede sustituir o desincentivar la búsqueda activa de empleo y tiene que estar condicionada a esa búsqueda. Sería necesario, además, definir un modelo (¿individual o renta mínima familiar?), delimitar con precisión los requisitos de concesión y decidir qué autoridad aplica la renta. Además, debe tenerse en cuenta que un instrumento económico y social de esta complejidad exigiría un aparato de gestión e inspección adecuado para evitar fraudes o duplicaciones.

El problema principal es la financiación. Los compromisos de déficit obstaculizan los aumentos de gasto para cobertura social; pero el impedimento principal hay que buscarlo en una política de ajuste presupuestario basada casi con exclusividad en el recorte poco discriminado del gasto que viene aplicando el Gobierno.

Un debate sobre la renta básica, oportuno hoy, recupera la necesidad de una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos públicos para reducir el déficit y también para compensar los destrozos en las rentas medias y bajas de una recesión superada, pero no resuelta. Tarde o temprano habrá que afrontar hechos claros e incontrovertibles: es urgente buscar un consenso político y social para subir los salarios; no se puede mantener un sistema fiscal en el que la recaudación del impuesto de sociedades está muy por debajo de su capacidad potencial; es antieconómica la estructura de tipos y de recaudación del IVA; y nadie entiende ya por qué la tributación de impuestos especiales (alcohol, carburantes) está por debajo de la media. El Estado debería cambiar su concepción fiscal para encarar problemas como el de la renta básica.