El Gobierno de Túnez quiere la impunidad policial

Cientos de policías se manifestaron en el centro de Túnez la semana pasada para exigir la aprobación de una ley de “protección de las fuerzas de seguridad”, cuyo borrador ya recibió el beneplácito del Gobierno antes del verano y se halla atascado en el Parlamento. La iniciativa ha suscitado un rechazo categórico por parte de la sociedad civil, que lo percibe como una involución y un retorno a las prácticas de la dictadura de Ben Alí, derrocada en la Revolución de 2011.

Los grupos de derechos civiles consideran innecesaria la nueva legislación, pues el código penal actual ya ofrece una protección robusta a los agentes. De ser aprobada, la norma endurecería de forma sustancial las penas recogidas en las leyes actuales. Por ejemplo, una “amenaza” contra un agente, un familiar suyo o cualquier persona a su cargo se castigaría con una pena de cinco años de cárcel. Además, el borrador contiene definiciones vagas de conceptos como “secreto para la seguridad nacional” o “humillar” a las fuerzas de seguridad que podría ser aplicado a la prensa, limitando severamente el derecho a la libertad de expresión. Así, una crítica a la Policía publicada en un diario, en caso de ser considerada una “humillación” por un juez, conllevaría una pena de dos años de cárcel para el periodista. Incluso la toma de una foto en una manifestación con presencia policial se podrá castigar con dos meses de prisión.

Sin embargo, el artículo más preocupante es el 18, que otorga inmunidad judicial a los agentes en el desarrollo de sus labores. Por lo tanto, si la Policía reprime de forma desproporcionada una manifestación provocando heridas graves o incluso la muerte a un ciudadano, no deberá responder ante la justicia. “Esta ley es muy peligrosa. Legaliza los crímenes de las fuerzas de seguridad. Sus artículos violan los derechos de los ciudadanos y los periodistas, a pesar de estar garantizados en la Constitución. Y alimentan la impunidad”, sostiene el abogado y activista Charfeddin Kellil. La existencia de una amenaza terrorista ha frenado la reforma del Ministerio de Interior tras la Revolución.