La sedición será televisada

Durante los últimos meses, los integrantes del Gobierno de la Generalitat han estado cometiendo delitos. Han trabajado para construir estructuras de Estado paralelas. Han vulnerado abierta y vocalmente resoluciones judiciales. Han impulsado leyes, decretos y acuerdos que han sido rechazados como ilegales por los propios letrados de la administración y del Parlamento. Han votado a favor, y prometido implementar, una ley que declara explícitamente que la Constitución no es aplicable en el territorio catalán. Han gastado cantidades ingentes de dinero público, movilizando una extensa red de “embajadores”, agencias gubernamentales y expertos para llevar todo esto a cabo.

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Todo lo han hecho en televisión, delante de las cámaras, explicando qué estaban tramando a cada paso. Han concedido un montón de entrevistas diciendo que querían desafiar al Estado, que la Constitución era una cosa superada y que estaban felices y orgullos de vulnerar una legalidad que ellos consideraban superada. Se han filmado en poses heroicas en el Parlament, dándose baños de masas.

El jueves, ocho integrantes de este Gobierno acudieron a un tribunal, se negaron a responder a preguntas del fiscal, y fueron enviados a la cárcel de forma preventiva. Se les acusaba de cometer esos mismos delitos que habían explicado durante los últimos meses que estaban cometiendo delante de las cámaras.

Como de costumbre, el debate inmediatamente después ha degenerado en lamentos sobre presos políticos y la politización de la fiscalía y la justicia. Se ha vuelto a hablar de franquismo, represión larga y feroz, y sobre cómo se encarcela a gente por sus ideas.

Por mucho que la prisión preventiva sea en este caso discutible, la cosa es mucho más sencilla: los integrantes del Gobierno de la Generalitat han dicho en voz alta una y otra vez que quieren quebrantar el orden constitucional, desgajar una región del país con una mayoría parlamentaria exigua, y hacer que la mitad de catalanes sean extranjeros en su propia casa. Eso no sólo es ilegal, sino que vulnera por completo los derechos fundamentales de millones de ciudadanos españoles. En cualquier democracia occidental hacer esto te llevaría a un juzgado, y ciertamente a la cárcel.

La secesión es una causa perfectamente legítima. No hay constitución perfecta, ni país perfecto; uno puede defender reformas, y puede querer largarse. Nadie en España ha ido a la cárcel por defender estas ideas. Lo que no es legítimo, ni legal, ni aceptable en un estado de derecho es que políticos se salten incontables leyes para llevar a cabo esa secesión, lo digan y alardeen de ello en televisión, y esperen no pagar las consecuencias por ello.

Los encarcelamientos serán más o menos convenientes para solucionar el conflicto (no lo son), pero no estamos hablando de presos políticos.