Gürtel, el PP y el Estado

El desafío independentista catalán está coincidiendo en el tiempo con uno de los logros significativos de la justicia. Mientras el bloque secesionista despotrica contra el Estado de derecho y la democracia española, la Audiencia Nacional trabaja para hacer caer el peso de la ley sobre destacados dirigentes del Partido Popular, hoy en el poder. El martes, dos fiscales anticorrupción, en un alarde de independencia, presentaban sus conclusiones en el juicio oral del caso troncal de la trama de corrupción Gürtel. Piden diversas y duras penas contra 37 acusados y la condena al PP como partícipe a título lucrativo del sistema corrupto, partido sobre el cual, según la Fiscalía, ha quedado acreditado que utilizaba una caja b.

El caso Gürtel es uno de los mayores y más vergonzosos escándalos de corrupción política de este país. Pero es también la muestra del funcionamiento correcto de un Estado de derecho en el que ni las maniobras políticas más groseras han sido capaces de torcer el brazo a la justicia. En un par de semanas, el juicio iniciado hace un año (y en el que compareció Mariano Rajoy como testigo) quedará visto para sentencia. Pero la apisonadora de la justicia seguirá trabajando en otras nueve piezas separadas de la trama con otros 140 acusados y con el PP como partido central de casos de sobornos, cohechos y corruptelas varias.

El sumario de la pieza que ahora se juzga tiene un millón de folios y han sido necesarias 147 comisiones rogatorias. Pero, además, en estos ocho años de investigación, la Audiencia ha perfeccionado su tarea hasta mejorar la cooperación judicial (los datos de Suiza y Andorra han sido cruciales) y el uso de los datos bancarios para cercar la corrupción.

Esta misma Audiencia Nacional es la que ha enviado preventivamente a la cárcel a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Quienes ahora en el bloque independentista y en Podemos los califican de presos políticos y hablan de acabar con la represión gubernamental extienden torticeramente la sospecha sobre la justicia y, por ende, sobre la calidad democrática de este país. La justicia española podrá equivocarse, pero en ocasiones como estas demuestra sobradamente su independencia del poder político y la plena y ejemplar vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes.