Desde el otro lado

Después de lo vivido, y de lo que previsiblemente viviremos, parece oportuno hacer desde este lado de España algunas consideraciones.

Cataluña tiene, como mucho, un 15% o 20% de ciudadanos que “no quiere” ser español. Y otro porcentaje similar al que el tema le tiene literalmente sin cuidado. Con eso hay que contar.

El PP tiene una excesiva matriz castellana. El PP ha de saber que se puede ser igual de español llamándose Olaguer, Oriol o Domènec, que llamándose Paco o José Antonio. Igual que acepta sin reticencias que en nuestro ejército haya nuevos españoles que se llaman Washington o Edson-James.

En España sólo cuatro comunidades pueden ser solidarias por razón de su renta: País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. Las dos primeras quedan excluidas de la solidaridad por razón del cupo o del convenio. Quedan dos.

Madrid es muy solidaria, sin duda, pero tiene el premio de la capitalidad. Cataluña lo es menos, pero también. Aun así, llevamos 20 años oyendo aquello de catalanes avaros e insolidarios. Cierto que de ello tienen mucha culpa los gobiernos de Jordi Pujol, a quien siempre gustó dar imagen de botiguer.

Madrid no está infrafinanciada. No puede estarlo una comunidad que puede suprimir el impuesto sobre el patrimonio y, prácticamente, el de sucesiones. Es imposible que su Administración sea tan buena como para poder permitirse ese lujo.

Cataluña sí está mal financiada. No es la única. En ella los ricos pagan por su patrimonio; y todos, pobres y ricos, soportan tipos más altos en sus rentas, amén de pagar el impuesto de sucesiones. No es de recibo la afirmación de que la Generalitat administra “tan mal” que de ahí proviene el déficit. Cierto que malgasta en delegaciones exteriores, televisiones varias, “asignaciones de país”, subvenciones discutibles, metros faraónicos e inacabados, sueldos públicos… Políticos catalanes, ¿por qué, si tenemos más déficit, habéis de cobrar bastante más que vuestros homólogos estatales? Pero es un monto reducido con relación al presupuesto. Aparte de que Cataluña tiene uno de los porcentajes más bajos de funcionarios y de que en estos momentos no puede gastar un euro sin la aquiescencia del Estado.

En España cuatro comunidades pueden ser solidarias por razón de su renta pero sólo lo son dos

Llegados aquí: ¿qué ha de sentir el burgués catalán cuando viaja a Madrid y ve que “ellos” no pagan lo que él paga cada año y, además, sus hijos vuelven a pagar cuando él muere? ¿Qué ha de sentir el “catalán nuevo” cuando ve que sus primos “de allá” pagan menos, están más subvencionados y encima le cuentan que algunos colegios regalan los libros y hasta los ordenadores?

No hace falta ser marxista para compartir la interpretación materialista de la historia. Si a la economía le añadimos la incomprensión, la distancia del Estado (del Rey abajo, todos), la chulería del yo pago menos y la labor de zapa de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, dirigidos con frecuencia por illuminati, el resultado era previsible.

Nunca se podrá atraer a los supremacistas identitarios (Charlie Hebdo), pero no es difícil volver a contar con la gran mayoría de los restantes catalanes. Para ello:

La economía, lo primero. Hay que establecer un sistema muy claro de aportaciones al fondo de solidaridad interterritorial. Un sistema que pueda comprender el español medio, como entiende el IRPF o el IVA, que son bastante más complejos. Un tanto por ciento del PIB de aportación al fondo común; todas las comunidades autónomas el mismo. La clave estará en el reparto, ahí jugará la solidaridad. Habrá que respetar la ordinalidad; no tiene sentido que una comunidad que aporta se vea superada en renta por otra que recibe. Otra cosa es que las inversiones estatales en grandes infraestructuras no son territorializables. El AVE Madrid-Valencia beneficia en un 95% a estas dos ciudades, independientemente de por dónde discurra.

Los comportamientos, después. En un país de 45 millones de habitantes, en el que siete millones y pico (si no son más de 10, según se cuente) hablan una lengua diferente, pero “casi igual”, no debería ser problema que en el Congreso y en el Senado se hable catalán. Es una cuestión de afectos: si es mi Parlamento, que hable mi idioma. En el Parlamento indio todos entienden el inglés, pero hay más de veinte lenguas oficiales. ¿Y cómo os entendéis?, pregunté a un indio que conocí en mi despacho. “Igual que vosotros en el Parlamento Europeo”, fue la respuesta.

Mucha más presencia del Estado. En Cataluña el Estado ni se nota. Todo lo que el ciudadano necesita (enseñanza, sanidad, servicios sociales, orden público, urbanismo…) se lo proporciona la autonomía. Salvo los jueces. ¿Por qué no trasladar a Barcelona el Tribunal Constitucional? En Alemania el Constitucional está en Karlsruhe, mucho más cercana a Francia que a Berlín, Múnich o Fráncfort. Además, la lejanía del Gobierno aumentaría la percepción de imparcialidad.

Infraestructuras. Volvemos a los dineros. ¿Cómo te sentirías, lector, si fueras un barcelonés orgulloso de tu ciudad global y vieras que Madrid es la ciudad del mundo con más conexiones de AVE, mientras que tu alta velocidad con Valencia no está ni prevista? ¡Ojo con Valencia, puede contagiarse! ¿Cómo te sentirías si hubieras de pagar unos peajes para ir a trabajar, o para disfrutar del fin de semana, que en la mayor parte del resto de España no existen?

‘Millor si estimeu una miqueta més la nostra llengua, perquè és patrimoni d’Espanya’

Conclusión. El Gobierno ha de reponer su autoridad en Cataluña y “forzar” (sic) elecciones autonómicas inmediatamente. Debería poder formarse una lista única constitucionalista. Ese sería el auténtico referéndum, que ganaría el constitucionalismo. Y después convóquense elecciones generales que doten al nuevo Ejecutivo español de la autoridad moral (la potestas sin auctoritas no sirve) que ahora ponen en entredicho cientos de miles de catalanes. Nunca juntar unas urnas con las otras, porque en ese caso muchos catalanes votarían “a la contra”: cuanto más radicales seamos, más sacaremos. Es la economía, estúpido.

Exíjase lealtad. De no obtenerla no les tiemble el pulso; peor fue la ilegalización de Batasuna y, pese a los agoreros, no pasó nada. Negocien los nuevos ejecutivos sin necesidad de emprender inciertas modificaciones constitucionales. Ofrézcase a Cataluña un nuevo acuerdo económico que sea, a su vez, aceptado por el resto de autonomías. Alguna quizá resulte menos beneficiada. De ser la pugna irresoluble, pongan lo que falte aquellos que se permiten el lujo de suprimir impuestos, foralistas incluidos.

I ja per a acabar: millor si estimeu una miqueta més la nostra llengua, perquè és patrimoni d’Espanya.Y ahí, el daño que hace el Partido Popular de Valencia al Partido Popular de Cataluña es indescriptible.

Tomás Giménez Duart es notario de Barcelona y miembro de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.