Fin de la hegemonía

El argumento que el independentismo catalán ha manejado con más insistencia sufrió este domingo una derrota sin paliativos. La falsedad de la idea de que existe un solo pueblo unido detrás de su causa y que, por tanto, tiene toda la legitimidad para forzar una secesión unilateral, ha sido puesta en evidencia. La sociedad catalana es mucho más plural de lo que se ha machacado sin descanso desde el nacionalismo durante los últimos años. Nadie puede discutir la capacidad de movilización de los independentistas, y nadie discute que hay una parte importante de catalanes que reclama otra relación con España. Lo que desde este domingo será también indiscutible es que existe una inmensa cantidad de catalanes que rechaza la llamada a desconectarse de España. Las fuerzas independentistas se habían esforzado en que fuera la calle la que diera legitimidad a la mascarada parlamentaria que orquestaron con las leyes del referéndum y transitoriedad, y ha sido la calle la que les dijo este domingo en Barcelona que así no, que no quieren saber nada de un proceso que pasa por destruir el Estatut y la Constitución.

La gran novedad de lo que sucedió este domingo es que una mayoría hasta ahora silenciosa salió por fin de su mutismo para dejar oír su voz. Es preciso matizar: sus voces, visibles a través de la senyera o de las banderas de Europa y España. Voces incluso contradictorias dentro de su pluralidad, como se hizo patente cuando Josep Borrell pidió en su intervención que cesara el cántico que pedía prisión para Puigdemont. No, dijo correctamente el político socialista, en ese asunto son los tribunales los que tendrán que manifestarse, nunca la calle.

La observación puede leerse también como una pertinente llamada de atención sobre las reglas más elementales de la democracia. Allí donde realmente funcionan, no es nunca la calle— como quisieran algunos movimientos populistas— la que dicta los derroteros de un país. Las democracias garantizan la pluralidad y el equilibrio de poderes. Por eso, desde que el procés se escoró descaradamente del lado populista, y el Govern se arrogó el supuesto encargo que le hacía un “pueblo unido” de propiciar la independencia, su legitimidad quedó en entredicho. La calle se manifiesta como este domingo para defender la democracia constitucional, y los políticos tienen el deber de escucharla. Pero la calle nunca puede imponer nada, salvo en aquellos lugares donde una insurrección podría justificarse porque no existe la democracia.

El Govern escuchó desde la calle lo que no quiso escuchar en el Parlament: que no hay un único pueblo que quiere la independencia y que Cataluña es plural, y tendrá que dar una respuesta. Hay quienes, en su burbuja, han ninguneado ya lo que se expresó en la manifestación, porque estuviera el PP y hubiera banderas españolas. Esa sería una de las varias lecturas equivocadas. Porque en la democracia, como en Cataluña, caben todos.

Durante décadas, el nacionalismo catalán ha construido un monopolio ideológico y asfixiado la pluralidad de la sociedad. El domingo, esa hegemonía, asentada en el control de la calle como de las instituciones políticas y de la sociedad civil, se ha derrumbado estrepitosamente. El independentismo, ya fuera de la legalidad, ha perdido ahora también la legitimidad.